Mas llamará a acudir a la cadena humana del 11-S pero no irá a la marcha

El Gobierno catalán llamará a los ciudadanos a salir a la calle el día 11 de septiembre para reclamar la independencia de Cataluña. El Ejecutivo apoya la cadena humana que organiza la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para la Diada, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hará explícito su respaldo a la llamada vía catalana. Mas recibirá en la sede de la Generalitat al mediodía, antes del acto, a los organizadores de la cadena para alentar el acto. Mas tendrá oportunidad también de mostrar su respaldo al acto en el tradicional mensaje a los catalanes que prepara para la Diada.

Pese a pedir la asistencia a los ciudadanos, Mas no acudirá a la vía catalana. El Ejecutivo lo confirmó ayer, tras su primera reunión después de vacaciones. Mas evitará participar en la cadena —que pretende cubrir los 400 kilómetros que van desde Alcanar, fronteriza con la Comunidad Valenciana, a la francesa localidad de Le Perthus— para “ceder el protagonismo a la sociedad civil”, según el consejero de la Presidencia, Francesc Homs. El Gobierno catalán quiere evitar la imagen de Mas presidiendo una manifestación independentista, un as en la manga que guardan para cuando sea necesario poner toda la carne en el asador del proceso soberanista.

Con su decisión, el presidente catalán desoye la petición de la ANC, que le instó a participar en la vía catalana. La respuesta de Mas, según Homs, es la adecuada, ya que el presidente debe atenerse a su “rol institucional”. Explicó Homs: “Ya que los convocantes escribieron al presidente de la Generalitat, les hemos hecho llegar que el presidente los recibirá el mismo día 11 de septiembre para testimoniarles la valoración positiva de la iniciativa”. La fotografía de Mas con los organizadores, agregó Homs, subrayará el apoyo del Gobierno. “Más claro, agua”, cerró.

El apoyo del Gobierno catalán, ha subrayado Homs, queda “más claro que el agua”

La audiencia de Mas a la ANC el mismo 11 de septiembre supone un paso más en el apoyo a las movilizaciones convocadas por la Asamblea. La organización fue la propulsora de la masiva marcha secesionista de la Diada de 2012, una protesta también alentada por Mas. Sin embargo, el presidente catalán se guardó las muestras de apoyo el día de la manifestación y esperó a comprobar su alcance para recibir a los organizadores. Este año cambiará la rutina para incluir el encuentro dentro de su agenda en la Diada, hasta ahora reservada a actos conmemorativos.

El resto de consejeros tendrá libertad de elección. Homs, uno de los dirigentes más soberanistas del Ejecutivo catalán, dejó en el aire su asistencia a la cadena humana. Tampoco despejó la incógnita el responsable de las finanzas, Andreu Mas-Colell: “Si el consejero de Economía o un servidor estamos o no estamos [en la cadena humana] es secundario; que cada uno haga lo que quiera”, mantuvo Homs. El Ejecutivo recalca que el protagonismo de la manifestación debe ser de los organizadores. Por ello los consejeros que prevén asistir (hasta el momento han mostrado su deseo de acudir Ferran Mascarell, de Cultura; Germà Gordó, de Justicia, y Felip Puig, de Empresa) lo harán a título personal.

El Ejecutivo usará la vía catalana como argumento frente al Gobierno de Mariano Rajoy, en un otoño decisivo para el desafío soberanista de Mas. “Esperemos que la cadena humana vaya bien. Va en la línea de darle un empujón al proceso”, concretó Homs.

Mientras el presidente catalán espera una respuesta de Rajoy a la carta que le envió en julio pidiéndole permiso para un referéndum independentista, la tensión entre la Generalitat y la Moncloa prosigue. Al intento del Gobierno por frenar la acción exterior catalana, el Ejecutivo de Mas respondió ayer con la aprobación de una ley de exteriores preparada para el proceso soberanista. “Esta ley tiene una mirada ambiciosa en el futuro, pensando en un país que sea libre”, la describió Homs.

El consejero rechazó el anteproyecto de ley de Tratados, debatido en el Consejo de Ministros y que prevé que el Gobierno tenga la última palabra en los acuerdos internacionales administrativos de las autonomías. Homs consideró que las comunidades deberían tener libertad en las áreas que son de su competencia y agregó que, en cualquier caso, quién debe tener la última palabra es el Tribunal Constitucional. “Hay una vocación de control previo a cualquier actividad de las comunidades autónomas. Si quieren hacerlo, que reformen la Constitución”, retó Homs.