Cotino explicará a puerta cerrada en las Cortes su relación con Bárcenas
El PP rechaza todas las comparecencias de la oposición y las remite a octubre El presidente de la Cámara quiere "informar sobre las falsedades difundidas"
Las ondas de los escándalos de corrupción que afectan al PP alcanzaron ayer al funcionamiento ordinario de la Mesa de las Cortes Valencianas. El presidente de la Cámara, Juan Cotino, se tuvo que ausentar para no invalidar la votación sobre la petición formulada por la oposición de que compareciese en la Diputación Permanente para explicar su relación con el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, en cuya contabilidad figura un apunte a su nombre de 200.000 euros realizado en 2004.
Cotino debería haber presentado ya su dimisión
Cotino había formalizado previamente ante la Junta de Portavoces, en su condición de parlamentario, una petición para comparecer en la comisión del Estatuto de los Diputados “para informar sobre las falsedades difundidas sobre su persona en relación con la contabilidad del PP”.
Una salida, apoyada solo por el PP, que permitirá a Cotino comparecer el próximo 6 de septiembre a puerta cerrada en la citada comisión, sin la presencia de medios de comunicación. Con esta decisión, Cotino gana tiempo, reduce la presión sobre su partido y evita que los medios de comunicación puedan reproducir literalmente el contenido de su comparecencia. La petición presentada por Cotino para explicarse a puerta cerrada fue utilizada igualmente para rechazar la petición del Grupo Socialista de que compareciese un miembro del Consell en la Diputación Permanente para explicar las adjudicaciones de la Generalitat a Sedesa, la sociedad de la familia Cotino que, supuestamente, financió irregularmente al PP.
El portavoz socialista, Antonio Torres, argumentó que Sedesa logró del Consell del PP adjudicaciones en obras por valor de 850 millones de euros, a los que hay que añadir contratos de prestación de servicios por valor de otros 200 millones.
“El Grupo Socialista ha visitado las consejerías para ver las adjudicaciones a Sedesa y hemos comprobado que han existido irregularidades, porque las valoraciones de los técnicos no siempre se corresponden con la decisión final de los consejeros”, prosiguió Torres, que sentenció: “El presidente de las Cortes debería haber presentado ya su dimisión”.
Aplazado por el PP
Gobernación. Al consejero Serafín Castellano la oposición le pide explicaciones por los dos escándalos que lo han situado en el ojo del huracán: la fotografía en la que aparece en una cacería con el responsable de una importante empresa adjudicataria de su departamento y las contratas otorgadas por la Generalitat a las sociedades de la familia Taroncher, con quien mantiene una relación de amistad.
Sanidad. La adjudicación del tratamiento de los residuos sanitarios a una firma con varios pleitos en marcha ha motivado que la oposición pida la comparecencia de Llombart.
Presidencia. Los socialistas quieren conocer cómo avanza el proceso de privatización del sector empresarial de la Generalitat. Todas las peticiones tendrán que aguardar.
Una opinión en la que coincidió la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra: “El presidente de las Cortes se ha tenido que ausentar porque se iba a hablar de sus miserias, por menos hay gente que ha dimitido”. “Las declaraciones de Bárcenas ratifican lo que dice su libreta y las explicaciones de Cotino llegan tarde y a una comisión sin presencia pública”, remachó Oltra.
Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes y responsable de Sedesa, ya figura como imputado en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia por la supuesta financiación irregular del PP valenciano.
“El PP ha utilizado su mayoría para impedir que la Diputación Permanente de las Cortes, que se celebrará este jueves, pueda tratar los puntos que solicitaba la oposición”, indicó la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz.
Bellver dice que no se opondrán a las comparecencias en periodo ordinario
En la misma reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, los populares utilizaron su mayoría para rechazar las comparecencias del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, del titular de Sanidad, Manuel Llombart, y del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Al primero se le pedían explicaciones por la adjudicación de distintos contratos relacionados con Construcciones Taroncher, cuyo propietario es amigo personal del consejero, y con Avialsa, con cuyo propietario ha compartido partidas de caza. A Llombart le instaban a explicar la adjudicación del tratamiento de los residuos sanitarios a Reyval, una firma denunciada por la Fiscalía por supuesto delito contra el medio ambiente. Y del jefe del Consell, la oposición esperaba explicaciones sobre el proceso de privatización del sector público valenciano.
El portavoz del Grupo Popular, Jorge Bellver, aseguró que su grupo no se opone a ninguna de las citadas comparecencias pero que tendrán que realizarse en el periodo ordinario de sesiones. Lo que implica que, probablemente, hasta el mes de octubre no se podrán discutir.
El socialista Torres se quejó también del oscurantismo del Consell, que no facilita información sobre la partida presupuestaria 2.2.7 relativa a “trabajos realizados por otras empresas”.
“El PP ha hecho uso y abuso de su mayoría absoluta”, prosiguió el socialista, “porque no había ningún inconveniente para que la Diputación Permanente incluyese puntos”.
De este modo, el órgano que suple al plenario en los periodos no ordinarios de las Cortes, se reunirá el jueves únicamente para convalidar el decreto ley del Consell que reduce la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones (del 99% al 75%) y se eleva el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Un aumento de la presión fiscal con la que el Consell preve recaudar 41 millones más este año y 120 el año que viene.
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