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La ley de transparencia regulará los ‘lobbies’ y dará acceso a informes

El último borrador de la norma incorpora las universidades públicas

Una imagen del Portal de la Transparencia impulsado por la Generalitat.
Una imagen del Portal de la Transparencia impulsado por la Generalitat.

La futura ley de transparencia catalana se va perfilando lentamente en una ponencia conjunta en el Parlament. Según el último borrador del texto al que ha tenido acceso EL PAÍS, finalmente se regularán los grupos de presión y se ampliarán los sujetos sobre los que se podrá aplicar la ley, como por ejemplo las universidades públicas. Durante la pasada legislatura ya se empezó a tramitar la norma, un proceso que no finalizó por la convocatoria de elecciones anticipadas. La actual ponencia, que se constituyó en febrero, ha seguido trabajando en la propuesta hecha por los servicios jurídicos del Parlament y, hasta ahora, se han discutido 40 de los 80 artículos del texto original.

El borrador indica que se creará un registro de lobbies aunque no especifica cómo porque los diputados han decidido prorrogar el debate por la falta de acuerdo inicial. Actualmente, el proyecto explicita que el registro de grupos de interés deberá incluirse en el Portal de la Transparencia, herramienta destinada a que los ciudadanos puedan encontrar y pedir la información pública. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentó un proyecto inicial de esta página web en julio, aunque no incluía todas las funciones que la ley le atribuirá. Según explican diputados de distintos grupos, la regulación final debería permitir a los ciudadanos saber qué colectivos han influido en la toma de decisiones gubernamentales y en la aprobación de leyes. Fuentes de CiU abogan también por crear un código de buenas prácticas en la relación del Gobierno con los grupos de presión y establecer un régimen sancionador de lobbies, pero esta opción aún no se ha plasmado en el escrito.

El ámbito de aplicación también se ha ampliado respecto a la versión inicial. Además de la Administración de la Generalitat y la local, se incluirán los organismos y entes públicos, las sociedades con “participación mayoritaria o vinculadas” a la Administración, fundaciones públicas, entidades de derecho público, colegios profesionales y corporaciones de derecho público, consorcios y “otras formas asociativas” en que participa algunas de estas administraciones. También entrarán en el ámbito regulador las empresas que ejercen funciones o prestan servicios públicos y las que realizan actividades de “interés general o universal”, cláusula que permitirá acceder a información relativa a compañías eléctricas y similares.

Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a los datos de la Generalitat y del Parlament, a los que se han ido sumando el Consejo de Garantías Estatutarias, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Audiovisual de Cataluña, la Oficina Antifraude y el Consejo Económico y Social. El proyecto prevé que se pueda pedir información relativa a la organización de la administración, a la gestión presupuestaria y a los contratos y convenios, entre otros. Como novedad, también se incluyen en el último borrador informes y estudios con los que trabaja la administración, acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación e información relativa al control financiero de las subvenciones.

Las solicitudes de información, según la última propuesta, deberán resolverse en el plazo máximo de un mes y solo se podrá prorrogar hasta 15 días si la petición es muy compleja. Las resoluciones deberán ser estimatorias, salvo que exista un límite ya citado en la norma como la seguridad pública.

El texto establece también un organismo independiente, la Comisión de Transparencia, que velará por el cumplimiento de la ley y estará formada, según el borrador, por expertos designados por la Generalitat y por los entes locales y, “si es necesario, por los organismos de la Generalitat que ejercen funciones directamente relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública”, como el Síndic de Greuges, la Oficina Antifraude y la Agencia de Protección de Datos. Después del parón veraniego los diputados seguirán trabajando en el resto de artículos y comparecerán diversos expertos. Según los ponentes, será difícil presentar un documento definitivo antes de final de año.