Multas con una comisión de hasta el 34%

Una comisión del 30% de cada multa impuesta por infracciones captadas por los tres radares instalados en Montgat. Este es el porcentaje que ingresa la empresa Bilbomática cada vez que un conductor se salta un semáforo en rojo o sobrepasa el límite de 50 kilómetros en la vía principal que cruza la localidad, el Camí Ral, ahora más conocida como N-II. También Mollet ha recurrido al mismo sistema para instalar los radares que controlan el tráfico en la ciudad.

Estos son los términos del contrato que, en agosto de 2012, formalizó el Ayuntamiento con esta compañía, dedicada a la consultoría y a las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad vial. Por este acuerdo, la empresa se hace cargo del gasto de instalación de la maquinaria y su mantenimiento, y evita así que el Consistorio tenga que pagar la inversión. “Nos pareció una buena idea porque de esta manera paga quien infringe”, comenta el concejal de Seguridad, Tomàs Cabrejas.

Según el contrato de adjudicación, el Consistorio pagará a la empresa a cuenta de las comisiones 996.000 euros netos en cuatro años, por lo que anualmente los pagos no podrán superar los 249.000 euros (más IVA).

El concejal de Hacienda de Montgat  admite que si se decidiera retirar la maquinaria de manera “no justificada” se tendría que “compensar a la empresa”

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Esgueva, admite que en el caso de que se decidiera retirar la maquinaria de manera “no justificada” se tendría que “compensar a la empresa”. El edil insiste en que no se está externalizando el servicio ya que la compañía solo realiza la captación de imágenes. Es la Diputación de Barcelona quien, a petición del mismo Ayuntamiento, tramita las multas. Así, son las autoridades locales las encargadas de validar las sanciones y no es hasta que ya se liquidado la multa que la empresa recibe un 30% de su importe y el Ayuntamiento el 70% restante.

El alcalde, Francesc Garcia Arrocha (CiU), insiste en que el objetivo de la instalación de estos radares es “pacificar la vía”, ya que, según explica, era una carretera por la que los vehículos circulaban demasiado rápido y había peligro de accidentes. Aun así, según los datos facilitados por el Servicio Catalán de Tránsito, en los últimos tres años no se han producido accidentes con víctimas mortales en este tramo y solo ha habido un herido grave.

Desde el Consistorio remarcan que la medida no tiene una finalidad recaudatoria y defienden que no se han hecho estudios de rentabilidad económica. Sí admiten que, en el presupuesto de 2013, se hizo una previsión de ingresos derivada de estas sanciones.

Algunos vecinos han recibido varias sanciones en pocos días

Esta previsión se valoró en 190.000 euros. Según el Gobierno local, esta cifra podría aumentar ya que se está recaudando más de lo previsto. También señalan que probablemente los ingresos se reducirán en los próximos años ya que los conductores se habrán habituado a los nuevos controles.

Las infracciones no solo comportan una sanción económica, sino que también restan puntos a los conductores. Así, saltarse un semáforo en rojo puede llegar a costar hasta 200 euros y cuatro puntos del carnet. El Consistorio no ha querido facilitar el número de multas impuestas ni cuánto se ha recaudado alegando que la partida que contabiliza todas las sanciones es única y es difícil discernir cuáles corresponden a los radares.

Desde que empezaron a funcionar los radares en noviembre de 2012, los vecinos de Montgat y de poblaciones vecinas se han quejado de que son demasiado estrictos y multan “incluso cuando el semáforo está en ámbar”, denuncia Acari Bertran, portavoz de la Plataforma No als Radars de Montgat. El Ayuntamiento niega este hecho. Algunos vecinos, se queja Bertran, han recibido en pocos días varias multas, con el perjuicio económico y la pérdida de puntos que esto supone. La plataforma pide que el Ayuntamiento cambie de modelo y retire los radares.

Montgat no es, sin embargo, el único Ayuntamiento que ha optado por encargar la instalación de los radares a una empresa que cobra parte de las multas. Mollet (Vallès Oriental) puso en marcha en mayo dos radares de velocidad en la Ronda dels Pinetons y la avenida de Rivoli. Estos se sumaron a los tres controles de semáforo ya existentes. El primer teniente de alcalde de la ciudad y concejal de Seguridad, el socialista Josep Maria Garzón, argumenta que antes de la instalación se habían llegado a detectar vehículos que circulaban a más de 120 kilómetros por hora en zonas donde el máximo es de 50 kilómetros.

Esta ampliación de medidas de “pacificación de la vía” fue anunciada públicamente en noviembre de 2012 y se celebró un concurso que ganó también la empresa Bilbomática. Mediante este acuerdo formalizado el pasado enero la compañía se encarga, además del mantenimiento de los radares y el control del tráfico, de la gestión de sistemas de seguridad con cámaras de videovigilancias en las calles de la ciudad.

Este contrato establece que la empresa recibirá una cantidad fija de 359.640 euros (sin IVA) a razón de 89.910 euros por año, hecho que compromete el acuerdo por cuatro años. También se explicita que recibirá, además de esta cantidad fija, “la cantidad variable que resulte de aplicar el porcentaje del 34,5% sobre el total de la recaudación obtenida” mediante los expedientes tramitados como consecuencia de las infracciones. Garzón destaca que el Consistorio consideró que esta opción era la más adecuada, ya que permitía al Ayuntamiento ahorrarse la inversión que suponía adquirir todo el material a instalar.

Como en Montgat, estas medidas han suscitado polémica entre los vecinos. “Muchos se quejan de que los radares de los semáforos multan a los vehículos cuando están en ámbar”, explica Marina Escribano, concejal de ICV, en la oposición.

ICV ha llevado pleno de junio la controversia por los radares con el objetivo de que se elaborara un plan alternativo y, hasta entonces, quedaran suspendidos. Esta propuesta fue rechazada con los votos de PSC y CiU, que componen el equipo de Gobierno de la ciudad. ambién Independientes por Mollet-CUP han reclamado el fin de los controles.