Cerca de 80 municipios tienen zonas aptas para incineradoras de basuras

Casi 80 municipios valencianos pueden acoger una de las plantas incineradoras de residuos urbanos que prevé el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIR). El documento, aprobado por decreto el pasado junio, abre la puerta a la instalación de plantas de valorización energética (incineración) y, con ello, da luz verde de nuevo al controvertido debate sobre estas instalaciones. Según el mapa de zonas aptas para ubicar infraestructuras de residuos en base al nuevo PIR, junto a estos 80 municipios se suman otros, hasta llegar a un total de 230, que también han quedado señalados, aunque supeditados a más estudios.

Tras ser estudiadas, si se validan, hasta 230 zonas podrían acoger estas plantas

El director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, avanzó durante la presentación del nuevo plan que regirá el tratamiento de los residuos valencianos, que la Comunidad Valenciana debe acoger entre tres y cuatro incineradoras. Lo ideal, dijo, será una en cada provincia. Pero su ubicación exacta es una incógnita. Su número y su localización los decidirá una comisión formada por la Consejeria de Medio Ambiente, los consorcios de basuras y las Diputaciones provinciales. La previsión es que, antes de fin de año, la comisión decida a qué municipios les toca tragar con una de estas plantas. Por el momento, el abanico es muy grande.

La Plataforma No a la Contaminació ha elaborado la primera lista de localidades apuntadas por la Generalitat en su mapa de zonas aptas para acoger infraestructuras de residuos. La provincia de Valencia es la que más zonas aptas tiene, un total de 42, con las extensiones más grandes en Requena, Moixent y Ontinyent, pero también en Titaguas y Alpuente. En esta provincia queda prácticamente libre la zona costera.

Lo mismo ocurre en la provincia de Castellón. Las localidades declaradas aptas por el PIR se concentran en la zona centro-sur. Onda, L’Alcora, Coves de Vinromá, Alcalà de Xivert, Zucaina, Cortes de Arenoso, Borriol, Vilafamés, Sant Joan de Moró o Pobla Tornesa son parte de los afectados.

La provincia de Alicante es la que menos zonas aptas tiene, principalmente en Elche, Alicante y la comarca de la Marina Baixa. No obstante, el mapa señala casi un centenar de municipios más como zonas “orientativas”, la mayoría en el interior.

En L'Alcora, el pueblo y su Ayuntamiento se han unido en contra de una planta de incineración de residuos (en este caso industriales) que el Consell aprobó y que prevé construir la empresa Reyval Ambient. Por el momento, Ayuntamiento y empresa están a expensas de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia, ya que el equipo de gobierno presentó un contencioso contra la planta. Es en L’Alcora donde se han visto multitudinarias manifestaciones en el último año y donde, según el mapa, podría construirse una de las plantas.

El último pleno aprobó presentar un contencioso-administrativo contra el PIR. El Ayuntamiento está liderado por Merche Mallol, del PP, pero con un gobierno en minoría. Su partido se abstuvo en la votación al considerar “que no corresponde a este municipio abanderar la lucha contra el plan”, en palabras de la regidora. El plazo para recurrir acaba el 26 de septiembre. Mallol indicó ayer que la próxima semana se reunirá con los portavoces de la oposición para abordar el tema, puesto que la medida ha sido aprobada por el pleno.

Está previsto que antes de fin de año se conozca a quién le toca soportarlas

Toni Albert, portavoz de la Plataforma No a la Contaminació, recuerda que el nuevo PIR no establece claramente ni el número ni el lugar de las incineradoras y que esta carencia sería suficiente para anularlo. “En Castilla y León se anuló por motivos muy parecidos en sentencia del Tribunal Supremo en 2011”, advierte. Albert anima a todos los grupos en las Cortes, colectivos ciudadanos y ecologistas a presentar un contencioso antes de la fecha límite. De momento, el grupo socialista en la Diputación de Castellón ha anunciado que pedirá “el rechazo total al PIR” en el próximo pleno al cuestionar su legalidad. Según apuntaron los socialistas, su falta de definición va en contra de lo exigido por la directiva marco de residuos y la legislación estatal.

La comisión de consorcios no se ha pronunciado aún sobre ninguna zona. En la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que dirige Isabel Bonig, saben que estas plantas despiertan una gran alarma ciudadana y quieren evitar que se repita el fuerte movimiento vecinal que llevó en 2006 a paralizar la incineradora proyectada en Vall d’Alba. El entonces vicepresidente del Consell, Víctor Campos, dijo que se paraba “hasta que se encuentre el grado de consenso y de aceptación necesario”. Está por ver si ha llegado este momento.