RTVV dijo que eran falsos 10 contratos de directivos para que cobraran paro

“La forma del contrato no se ajusta a la realidad de las funciones realizadas”, aseguraba el 23 de noviembre de 2012 el entonces director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, en un escrito dirigido a la Tesorería de la Seguridad Social en el que solicitaba, con carácter retroactivo, la modificación del tipo de contrato de 10 directivos de la empresa pública. Según López Jaraba, los contratos de alta dirección de los que habían venido disfrutando no se correspondían con lo que la ley establece, en cuanto a que los directivos ejerciten “poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad solo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que respectivamente ocupen aquella titularidad”.

“Siendo que la prestación efectiva y real del servicio es equiparable a una relación laboral ordinaria y no a la que correspondería por la forma del contrato suscrito”, añadía el director general, “es por lo que deben cotizar también por desempleo y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)”. Y proponía considerar laborales los contratos de siete de los directivos desde el año 2009, de dos desde el 2011 y de otro desde 2010. Este último, Víctor Charneco, que había sido su jefe de gabinete, acababa de ser destituido.

La petición, como reconocía explícitamente López Jaraba, se producía en el contexto del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVV y se amparaba en “instrucciones” de la Sindicatura de Comptes que hasta entonces no había habido prisa por atender. Lo que el director general no explicaba es que la empresa iba a desaparecer al crearse por ley la nueva RTVV. Tampoco explicaba que los Presupuestos de la Generalitat de 2013, a punto de ser aprobados, reducían drásticamente las indemnizaciones por extinción de contratos de alta dirección, de manera que, en lugar de tres mensualidades completas, sus titulares solo cobrarían siete días por año de servicio con un máximo de seis mensualidades.

Entre los directivos afectados estaban el entonces secretario general, Juan Prefaci, que había negociado con el comité de empresa el ERE aplicado finalmente sin acuerdo; la actual directora de Medios de RTVV, Salud Pedrós, entonces subdirectora de informativos, y hasta el controller encargado de auditar el gasto, Antonio Hervás, hoy uno de los tres liquidadores de la antigua sociedad.

Según la documentación que solicitó el diputado socialista en las Cortes Valencianas Josep Moreno, miembro de la comisión de control de RTVV, y que la cadena pública le remitió el pasado mes de junio, el 29 de enero la Tesorería de la Seguridad Social denegó la solicitud porque, “habiendo sido en su momento determinado por las partes contratantes el régimen jurídico como contratos de alta dirección, y sin conocer la verdadera naturaleza jurídica de estos contratos, no resulta posible variar su clasificación por la exclusiva manifestación de la empresa”.

Alejandro Reig, que sucedió a López Jaraba como director general tras su inesperada dimisión, presentó recurso de alzada en febrero. En él reconocía que efectivamente los afectados habían desempeñado “las funciones propias de alta dirección”, pero al no haber formado parte de los órganos de administración y no haber tenido poderes “para llevar a cabo funciones de dirección y gerencia”, les correspondía encuadrarse en el régimen general de la Seguridad Social.

La Tesorería resolvió el 22 de marzo y estimó parcialmente el recurso. Rechazó modificar el régimen retroactivamente pero aceptó variar la afiliación de nueve de los 10 a partir de noviembre de 2012, cuando se produjo la solicitud inicial. El 23 de mayo, ya con Rosa Vidal como directora general, ambas empresas, la recién creada RTVV y la que se encuentra en liquidación, presentaron recurso contencioso contra esta última decisión.