Josep Prat asegura ante el juez que Salud instó a contratar a Manté en Innova

Generosas remuneraciones sufragadas con fondos públicos, un laxo control de los trabajos realizados y un papel del Departamento de Salud en el trasiego de directivos en la sanidad catalana mucho más activo de lo admitido por sus responsables políticos. Este es el panorama que se desprende de las declaraciones de hace dos semanas ante el juez del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, y del exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalud), Carles Manté por el caso Innova, la empresa pública del Ayuntamiento de Reus que se encuentra en el centro de una compleja trama de favores políticos, pagos fraudulentos y contratos irregulares.

Prat y Manté están imputados por seis delitos —malversación, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la hacienda pública— por el pago desde Innova, dirigida por Prat, de 13.000 euros al mes de 2007 a 2011 a Manté por trabajos de “consultoría estratégica” nunca realizados, según el interventor y el secretario municipales.

Una de las principales revelaciones de lo declarado por Prat ante el juzgado 3 de Reus es que fue el Departamento de Salud, entonces dirigido por Marina Geli (PSC), el que “recomendó” en 2007 a Innova contratar a Manté, que entonces acababa de ser destituido como director del CatSalut. Según Prat, Salud también instó a Innova a contratar al exgerente de Infraestructuras del CatSalut, el arquitecto Jorge Batesteza, también imputado en el caso.

Entre Manté y Batesteza facturaron a Innova 1,1 millones, en pagos que fueron autorizados por Prat pese a no estar acreditado que correspondan a trabajos efectivamente realizados.

El desembarco de ambos en las sociedades municipales de Reus se fraguó, según las declaraciones de Prat, en reuniones convocadas para tratar la construcción del nuevo hospital Sant Joan de Reus donde participaron el propio Prat; la exconsejera Geli; el entonces director del CatSalud, Josep Maria Sabaté (PSC); el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez y el exconsejero delegado de Innova, Josep Morató, estos dos últimos también del PSC.

En estas reuniones, según Prat, quedó claro “el “criterio” del Departamento de Salud, del Ayuntamiento y de él mismo, para que Innova contratara a Manté, aunque la “orden directa” para hacerlo procedió de Pérez y Morató, detalló Prat al juez. El expresidente del ICS admitió que conocía a Manté desde hacía “más de 20 años” ya que ambos habían ocupado varios cargos en la sanidad pública.

Preguntada por estas declaraciones de Prat, Marina Geli las rechazó ayer y aseguró que la contratación de Manté fue decidida exclusivamente por el Ayuntamiento de Reus.

Prat aseguró ante el juez que “no recuerda” si la contratación de Carles Manté fue sometida al consejo de administración de Innova, que arrastra una deuda de 202 millones de euros y ha hundido al Ayuntamiento de Reus en una grave crisis que le ha llevado a desprenderse de algunas de sus sociedades municipales.

Prat también admitió que los 720.000 euros (IVA aparte) percibidos por Manté entre 2007 y 2011 fueron pagados por el hospital Sant Joan, propiedad de Innova pero financiado casi en su totalidad por el CatSalut. Esta sucesión de hechos acabó por provocar algo destacable: Manté empezó a cobrar del CatSalut —aunque fuera indirectamente— desde el mismo momento en que dejó de dirigir este organismo público. Lo hizo a través de una empresa CCM Estratègies i Salut, que había creado solo ocho días antes de firmar su generoso contrato con Innova, según admitió al juez.

Entre Manté y Batesteza facturaron a Innova 1,1 millones, en pagos que fueron autorizados por Prat

Los trabajos de “consultoría estratégica” por los que Manté percibió esos 13.000 euros mensuales durante cuatro años, sin embargo, no han sido encontrados por el Ayuntamiento de Reus. Fue con la llegada a la alcaldía de Carles Pellicer (CiU) en sustitución de Lluís Miquel Pérez (PSC) cuando el Consistorio empezó a investigar las irregularidades ocurridas en Innova. Lo hizo empujado por las denuncias iniciales de la CUP, que llevó el caso a la Fiscalía como había hecho anteriormente con la acumulación de cargos de Prat en empresas sanitarias públicas y privadas. Ayuntamiento, CUP y el partido independiente Ara Reus ejercen ahora como acusaciones particulares en el cúmulo de irregularidades investigadas en Reus.

Manté declaró el mismo día que Prat y admitió que el acuerdo inicial entre su empresa e Innova tenía una vigencia de apenas nueve meses, pero que fue renovado de facto una sola vez y se prolongó cuatro años. Durante este tiempo, Manté envió —y cobró— las facturas al Consistorio sin contrato, contestó el exdirector del CatSalut a preguntas de las acusaciones.

Prat y Manté, además, incurrieron en un cúmulo de contradicciones en sus declaraciones. El primero, que era quien visaba las facturas de Manté, narró no haber llegado a tener en sus manos en varias ocasiones los supuestos trabajos del exdirector del CatSalut porque este los “entregaba directamente” al hospital Sant Joan. Manté, por su parte, aseguró haber entregado un resumen de los trabajos realizados —que facturaba a 160 euros la hora— solo el primer año. Después, según su versión, ya no tuvo que rendir cuentas porque Prat le “comunicó que no era necesario enviar más justificantes”.

El exdirector del CatSalut creó su empresa ocho días antes de ser contratada

A la vez, Manté reiteró haber realizado entre 25 o 30 estudios entregados a Prat y escritos por él mismo o por su “ayudante”, su hija Helena Manté, a la que tenía empleada en CCM Estratègies i Salut. Manté justificó que no exista rastro documental del resto de trabajos dada la “confidencialidad” de su contenido y para evitar que Innova “pudiera utilizar o vender” sus conocimientos sin su “consentimiento”.

Otra contradicción en la que incurrió Manté fue al afirmar que acordó terminar su relación con Innova tras las elecciones de 2011, cuando el PSC fue desalojado del poder. El Ayuntamiento de Reus, sin embargo, asegura que Manté siguió enviando facturas a Innova durante al menos seis meses, pero que estas fueron devueltas por “injustificadas”.

Los pagos de Innova a Manté son solo una parte de las investigaciones en marcha en la capital del Baix Camp. Manté a su vez era presidente de Shirota, una empresa ya liquidada de capital público y privado que hizo perder al Ayuntamiento tres millones de euros, motivo por el que permanecen imputados el exalcalde Pérez además de una quincena de exediles del PSC, ICV y ERC.

El juez también investiga negocios privados hechos por Prat con la Generalitat aprovechándose de sus cargos públicos.