Castellano no explica las circunstacias de su cacería con un contratista

No explicó si acudió a la cacería invitado ni, si lo hizo, por quién lo fue. "Yo me pago mis aficiones", insistió genéricamente el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, como toda contestación cuando se le preguntó si fue invitado o pagó de su bolsillo la cacería en la que participó junto a Vicente Huerta, de la empresa Avialsa T-35, contratista de los servicios contraincendios de la Generalitat gracias a una adjudicación del departamento que dirige. “Se coincide con mucha gente”, indicó el consejero de la actividad cinegética, tras un extenso alegato sobre la legalidad de la adjudicación a Avialsa y su honestidad (“no tengo más hipotecas que las del banco”, proclamó).

En una concurrida rueda de prensa, Castellano respondió este lunes a preguntas de los periodistas al término de una reunión sobre el dispositivo de este verano para los bous al carrer. En una respuesta que llevaba preparada, recordó que Avialsa es adjudicataria del servicio contraincendios desde los años ochenta, cuando gobernaban los socialistas la Generalitat, que concurrió en solitario en 2010 a la última concesión, realizada por procedimiento abierto y con publicidad, que se trata de una de las principales empresas del sector y que no existe irregularidad alguna. “¿Tengo que pedir permiso?”, se preguntó a continuación sobre su afición a la caza, para añadir que ahora hace tiempo que no la practica. “Pero no tengan la menor duda de que, cuando pueda, lo haré”, añadió en tono desafiante.

El titular de Gobernación en el Consell que preside Alberto Fabra evitó dar detalles sobre las circunstancias de la cacería en la que aparece, en una imagen publicada por el diario Levante el domingo pasado, con Huerta y otra persona ante las piezas cobradas en la misma. "Yo me pago mis aficiones", fue la frase que reiteró una y otra vez ante las peticiones de que explicara el encuentro e insistió en que no ve nada contrario a la ética en el hecho de que un consejero acuda a una cacería junto a un empresario que resulta ser concesionario de uno de los servicios de su departamento.

Afirma que hay demora de pago a la empresa cuando lo negó en las Cortes

Sobre si es habitual que ocurra algo así, Castellano respondió que “lo que no es habitual ni normal es incumplir la ley”. Por tanto, “mientras no se incumpla la ley”, no hay problema con quién comparte uno sus aficiones. Sobre la posibilidad de comparecer en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas, cuya convocatoria pidió ayer formalmente el PSPV-PSOE, Castellano respondió también genéricamente y dijo: “Comparezco siempre que me lo piden”. En alusión explícita al líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, señaló: "Siempre doy la cara". Puig, a su vez, declaró que ver a un consejero que “se va a cazar con una persona directamente vinculada a contratos públicos hace que todo esté en cuestión”.

Para desmentir que la Consejería de Gobernación y Justicia esté al día en el pago de las cantidades que corresponden a Avialsa T-35, a diferencia de lo que ocurre con muchos proveedores y contratistas de la Generalitat, Castellano aseguró que la empresa tiene presentada “una demanda por intereses de demora en el pago de más de 400.000 euros”. Algo que contradice su propia respuesta parlamentaria a la diputada socialista Ana Barceló. En el documento, fechado el pasado día 4 de julio, asegura textualmente: “En la actualidad, la Consejería de Gobernación y Justicia no adeuda a la empresa Avialsa T-35, SL cantidad alguna correspondiente a los ejercicios 2010, 20111 y 2012. Respecto a las obligaciones contraídas para el año 2013, se ha abonado a dicha empresa la cantidad de 171.309,16 euros”.

Visiblemente irritado, el consejero de Gobernación dijo varias veces que "en política no todo vale", pero no precisó si se refería a la Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana, tras la que algunos sectores del PP creen ver la mano del exconsejero, hoy diputado no adscrito, Rafael Blasco. La mencionada asociación le ha denunciado ante la fiscalía por sus adjudicaciones al empresario amigo José Miguel Pérez Taroncher. “No me van a hacer callar, ni abdicar de mis responsabilidades”, advirtió.

No ve contradictorio haber pedido a Bermejo su dimisión por una cacería

“Parece que molesto a algunos”, dijo Castellano, que también es secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, cargo desde el que se ha enfrentado al presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus. El consejero reiteró que no se ha producido ninguna contratación a cambio de algo porque la empresa de Huerta ya era concesionaria de la Generalitat cuando se produjo la cacería, que tampoco dató.

El político del PP no ve contradicción alguna entre su postura de ahora y la que mantuvo en febrero de 2009 cuando exigió la dimisión del que fuera ministro socialista de Justicia Mariano Fernández Bermejo porque coincidió en una cacería con el juez Baltasar Garzón, que instruía el caso Gürtel. Castellano reiteró ayer lo que dijo entonces: “Quien la haga, que la pague”. Nadie sabe que Fernández Bermejo hiciera otra cosa que ir de cacería con el juez que investigaba la corrupción en el PP. Pero el ministro dimitió.