La Fiscalía Superior pide endurecer las penas

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha planteado una reforma legislativa para regular los daños sobre el patrimonio histórico, algo que considera una de las cuestiones pendientes de nuestro sistema de justicia penal. Según se refleja en la última memoria de la fiscalía, es preciso “un mayor compromiso institucional y una aportación ordenada y decidida del derecho penal que facilite el cumplimiento de la legalidad administrativa y se convierta en un elemento disuasorio”. A su juicio, “invertir en patrimonio no es derrochar; todo lo contrario, es la inversión más rentable que podemos hacer y la que mejor asegura nuestro futuro”. Y añade: “Muchas veces, sin ánimo de polemizar, se ha podido tener la sensación de que los bienes culturales molestaban al sistema de justicia penal en la creencia de que es el régimen sancionador administrativo el que debe en todo caso castigar esta clase de infracciones. La realidad social, sin embargo, se empecina en demostrar esta necesidad de acudir al recurso del ordenamiento penal para restaurar el orden jurídico quebrantado y asumir el clamor social que exige una defensa más eficaz de nuestro patrimonio”.

Jesús García Calderón sostiene que, cuando han transcurrido casi 20 años desde la promulgación del Código Penal de 1995 y casi 30 desde la promulgación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, “los resultados ofrecidos en la aplicación de la ley penal han sido hasta la fecha francamente escasos, sin que apenas haya podido pronunciarse sobre esta clase de delitos el Tribunal Supremo y con una jurisprudencia provincial llena de interpretaciones contradictorias e incluso extravagantes a la hora de reclamar la imprescindible aplicación de la ley penal”.

Por ello, aboga por modificar sustancialmente el Código Penal en lo referido a los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. “Con la regulación actual, algunas condenas por delito sobre el patrimonio histórico son castigadas por debajo de las multas que establece la legislación cultural, tanto estatal como autonómica, para perseguir meras infracciones administrativas”, apunta el Fiscal Superior, que plantea una elevación racional de las sanciones.

Algunos de los artículos del Código Penal que García Calderón plantea reformar son los siguientes: El 321, para castigar con penas de dos a seis años de prisión (ahora está de seis meses a tres años) a quienes derriben o alteren gravemente inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC); el artículo 324, para castigar con multa de tres a 18 meses a los que, por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en cualesquiera bienes, muebles o inmuebles, incluidos los yacimientos arqueológicos, que sean o deban ser protegidos por su innegable valor cultural; y un nuevo artículo, el 625.2, para casos de falta de daños y que establece que “si los daños causados lo fueran sobre un BIC, sus elementos consustanciales, yacimientos arqueológicos protegidos o cualesquiera bienes muebles inventariados para su protección por la legislación cultural, se impondrá la pena de multa de uno a dos meses”.

Para la fiscalía, solo el agravamiento de las penas sería “la única manera de asegurar una protección suficiente del llamado patrimonio oculto, tan frecuente entre los bienes arqueológicos, incluida la arqueología subacuática, o de omitir actuaciones poco diligentes de las distintas Administraciones culturales”. García Calderón aboga también por incluir como nuevas tipologías penales las excavaciones ilegales o el blanqueo de capitales mediante la adquisición de bienes culturales.

En la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía de 2012 se reflejan nuevas agresiones mediante el sistema de grafitis o pintadas que han dado lugar en algún caso a sentencias condenatorias, si bien se admite la dificultad para la identificación del autor. Con todo, la Fiscalía de Granada valora que es positivo el hecho del incremento de denuncias por estos delitos, ya que supone una mayor concienciación social y su inclusión en la estadística criminal.

Asimismo, se han detectado algunos casos de expolios en yacimientos arqueológicos y tráfico ilícito de obras de arte, produciéndose varias detenciones y localización de diversas piezas arqueológicas procedentes de la necrópolis romana cordobesa de Castor y Pólux.