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El juez que paralizó el centro Nevada, condenado a derribar parte de su casa

El TSJA acusa a Miguel Ángel del Arco de no respetar la edificabilidad permitida

El juez Miguel Ángel del Arco (a la izquierda), en 2007. Ampliar foto
El juez Miguel Ángel del Arco (a la izquierda), en 2007.

El juez Miguel Ángel del Arco Torres, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada y conocido por ser un adalid en la lucha contra los excesos urbanísticos, tendrá que derribar parte de un inmueble de su propiedad en Pinos Puente, localidad del área metropolitana granadina, por haber construido más de lo permitido por la ley. Del Arco fue el juez que paralizó las obras del centro comercial Nevada de Armilla (Granada) en 2007 por vulnerar las normativa urbanística y envió al banquillo al promotor, Tomás Olivo, al entonces alcalde de Armilla y al concejal de Urbanismo, que fueron condenados por prevaricación.

El caso se remonta a 2008, cuando los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Pinos Puente comprobaron que las obras de rehabilitación que Del Arco efectuaba en un cortijo de su propiedad no se ajustaban a la licencia de obras obtenida según el proyecto que presentó. El juez había reconstruido, en terrenos de la Vega protegidos por una normativa especial del municipio, un inmueble con un semisótano y dos plantas, una más de lo que constaba en el proyecto y de la construcción original, cuando la normativa municipal solo permite rehabilitar o reconstruir las edificaciones sin ampliarlas.

El informe de los técnicos municipales fue confirmado después por otro de la Diputación, que ratificada el exceso de edificabilidad en las obras que realizaba el juez Del Arco. El Ayuntamiento ordenó al juez, mediante un decreto municipal, “acometer las obras de reposición de la legalidad urbanística, consistentes en la demolición de la primera planta construida no recogida en proyecto”.

Sin embargo, Del Arco presentó un recurso de apelación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Granada, al estimar que el Ayuntamiento no cumplió el trámite de alegaciones en el decreto de demolición. Este juzgado dio la razón al juez del Arco en una sentencia dictada en enero de 2012, en la que daba conformidad a las obras realizadas por el magistrado, pero el Ayuntamiento de Pinos Puente, no contento con la decisión, apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el 22 de este mes falló a favor del Ayuntamiento.

Según la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, el Ayuntamiento sí que respetó el trámite de 15 días para que Del Arco presentara alegaciones al decreto de demolición, pero el juez las presentó fuera de plazo, e incluso, a pesar de ello, “la Corporación Local sí tuvo en cuenta sus alegaciones”, dice la sentencia.

Además, la Sala de lo Contencioso del TSJA critica al juzgado que estimó el recurso de Del Arco, ya que, para dar conformidad a las obras, “se apoya únicamente en el informe del arquitecto autor del proyecto, que, naturalmente, tiene menos poder de convicción que los emitidos por los técnicos municipales”.

De esta forma, el TSJA anula el recurso del juez, por lo que éste tendrá que realizar la demolición ordenada por el Ayuntamiento. Si no lo hace, según consta en el decreto municipal citado en la sentencia, “se le impondrá una primera multa de 600 euros y/o la apertura de un expediente sancionador”.

Un experto en delitos urbanísticos

El juez Miguel Ángel del Arco tiene un largo historial de casos urbanísticos que lo han convertido en un adalid de la protección del territorio y el medio ambiente, y en los que no le ha temblado el pulso para imputar a alcaldes, concejales o delegados provinciales de la Junta. Además, es un juez mediático, de los que en sus sentencias y autos da titulares jugosos para la prensa. Por ejemplo, calificó el centro comercial Nevada como “un Leviatán de hierro y cemento en plena Vega”.

En el ‘caso Nevada’ —del que se está demoliendo una parte por orden judicial— propició la condena de un alcalde, un concejal de urbanismo y del propio promotor de la obra. Pero antes, en el año 2000, también imputó a varios cargos públicos —tres delegados provinciales de la Junta, un alcalde y un exalcalde— por delito medioambiental y prevaricación en una cantera de Padul, al pie de Sierra Nevada.

Por sus manos han pasado otros casos de fuste, como el macroproceso por supuesto fraude en la venta de entradas a la Alhambra, que lleva varios años instruyendo, o un fraude al antiguo PER (Plan de Empleo Rural) en el que estuvieron implicados casi una decena de municipios, y es un juez conocido también por su faceta literaria. Pero, sobre todo, es un experto en temas urbanísticos: ha participado en cursos de investigación sobre este tipo de asuntos y tiene publicados varios libros sobre la materia, como Derecho de la Construcción o Ley de Ordenación de la Edificación.