El PSOE solicita que el caso de los ERE se eleve al Tribunal Supremo

El número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha defendido hoy que el caso de los ERE se eleve al Tribunal Supremo "como única vía para que haya justicia" porque en la instrucción se está haciendo "un juicio político".

En una entrevista, el dirigente socialista ha indicado que lo más "razonable" es que la causa se eleve a instancias superiores para evitar "juicios públicos a personas muy concretas", en referencia al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entre otros, "sin que se les dé la posibilidad de defenderse".

En su opinión, no ha habido "justicia en la instrucción de este caso", a cargo de la juez Mercedes Alaya, durante la que ha quedado en evidencia, especialmente ayer en la declaración del ex interventor general Manuel Gómez, que "no se ha querido buscar la verdad".

Ha alertado además de que, tal y como se ha hecho la instrucción, se pudiera terminar produciendo "la nulidad de las actuaciones".

A su juicio, la declaración del exinterventor no ha aportado "nada nuevo", pues se ha ratificado en lo que tiene "verdaderamente peso" y es que se trata de un procedimiento "absolutamente legal", que "en ningún momento hubo percepción de que se había producido un quebranto de las arcas públicas" y que no recibió "ningún tipo de presión" para ocultar presuntas irregularidades.

Ha resaltado, en este sentido, que Gómez ha admitido que la Intervención General de la Junta había estado "fiscalizando" las leyes de presupuesto y las ampliaciones de crédito que se habían producido, con lo que ha quedado "evidenciado" el comportamiento "impecable" de los responsables de la Consejería de Hacienda, al frente de la cual estuvo Griñán entre los años 2004 y 2009.

"Lo que sí ha quedado en evidencia es que estamos ante una instrucción que no busca conocer la verdad, sino que forma parte de una estrategia de buscar la relevancia de los elementos políticos por encima de la relevancia de los que tienen una trascendencia penal", ha denunciado. "Ayer solo hubo una discusión en términos administrativos, no apareció nada con trascendencia penal porque no lo puede aparecer en la gestión de la Consejería de Hacienda", ha agregado.