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Imputado el exalcalde de Carboneras por declarar urbanizable El Algarrobico

El juzgado determinará si incurrió en presuntos delitos de prevaricación administrativa

El paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Ampliar foto
El paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vera (Almería) ha imputado al exregidor de Carboneras Cristóbal Fernández y a los miembros que conformaron su equipo de gobierno (PSOE) por declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico, en el que se sitúa el polémico hotel de Azata del Sol. El juzgado determinará si incurrieron en presuntos delitos de prevaricación administrativa. La declaración fue aprobada en un pleno de 2009.

El ex primer edil y los seis miembros de la anterior corporación están citados para el próximo 13 de agosto. Entre ellos, se encuentra la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, informa Europa Press. Tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento almeriense desde marzo, se ha citado también, en calidad de testigos, a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y al que fue asesor jurídico del anterior equipo de Gobierno.

En el marco de estas diligencias previas también permanece imputado el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, quien ya prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que se le imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE. Recordó que la oposición votó en contra de la actuación.

La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer edil no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas. Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).