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La fiscalía denuncia a dos jefes de la Xunta por el dragado de la ría de Ferrol

El ministerio público descubre que el expediente remitido por Medio Ambiente esconde un informe contrario e incluye otro favorable elaborado a posteriori

Zona de la ría de Ferrol en la que se realizó el dragado, junto a los castillos de San Felipe y La Palma.
Zona de la ría de Ferrol en la que se realizó el dragado, junto a los castillos de San Felipe y La Palma.

Una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente reaviva la polémica por el dragado de la ría de Ferrol, que se llevó a cabo en los últimos meses del año 2011 a pesar de que existía un informe de un biólogo de la Xunta que consideraba la obra de ampliación del calado “ambientalmente incompatible con la conservación de los hábitats y especies presentes”. El fiscal Álvaro García Ortiz acusa a Carlos Muñoz Martínez, jefe de Conservación da Natureza en A Coruña, y a Rogelio Fernández Díaz, subdirector general de Espazos Naturais e Biodiversidade, de la posible comisión de un delito de prevaricación, otro de falsedad documental y otros dos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La investigación del ministerio público se abrió en septiembre de 2012 después de que durante ese verano el grupo ecologista Adega fuese aportando una serie de indicios que apuntaban que existía un informe inicial contrario a las obras que fue reemplazado por otro favorable, coincidente con el elaborado por encargo de la promotora del dragado, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. En la documentación recabada tanto por los ecologistas como por la fiscalía e incluso por el Valedor do Pobo (que abrió otra investigación después de que Adega denunciase que se le negaba acceso al expediente de la Declaración de Impacto Ambiental) aparece un escrito con una fecha cambiada (un 2011, “corregido a mano” luego con un cero, de tal manera que figura posteriormente fechado en 2010) y un documento impreso en un tipo de papel oficial que no existía cuando el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto. Ante estos documentos de la Administración aportados a requerimiento del ministerio público, el fiscal habla de “sorpresa”, y Adega, directamente, de “chafallada”.

En la parte superior de este último documento citado no aparece el logotipo promocional del Xacobeo 2010, que estaba en vigor en el papeleo oficial en el momento en que se tramitó la evaluación ambiental. En su lugar, figura la marca turística actualmente vigente en la Xunta: la palabra Galicia con la primera letra, la G, prolongada con un trazo curvo. La entrada en vigor de esta imagen corporativa apareció en el DOG el 30 de junio de 2011, medio año más tarde de que la Secretaría de Estado de Cambio Climático publicase en el BOE la declaración de impacto ambiental sin rastro del informe negativo que había elaborado el técnico de Conservación da Natureza y que, según la denuncia, se mantuvo oculto.

Las diligencias de la fiscalía han pasado ahora a manos del juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, y según informó ayer la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, el magistrado ya ha empezado a recabar información. “El juzgado, a petición del fiscal, nos ha solicitado distinta documentación y estamos completándola para enviarla”, explicó un portavoz oficial del departamento que dirige Agustín Hernández, sin entrar a valorar los supuestos delitos de los que se acusa a dos de sus responsables.

Adega pidió ceses hace ya un año

S. R. P.

Adega denunció que existía un informe técnico contrario a las obras incluso antes de que estas se iniciasen el 20 de octubre de 2011. Desde entonces defendió una y otra vez que en el llamado Proxecto de mellora dos calados da canle de entrada ao interior da Ría de Ferrol (LIC Costa Ártabra) se estaba cometiendo prevaricación y, hace un año, en junio de 2012, pidió ya el “cese inmediato” de “los responsables de los organismos implicados en esta chafallada”. Según denunció entonces ante la fiscalía y la Comisión Europea, habían sido dos las Administraciones que “conscientemente” habían “deturpado el procedimiento”. Tanto los supuestos implicados en la consellería como los del ministerio de Medio Ambiente debían “rendir cuentas ante la justicia” por vulnerar las leyes ambientales.

El secretario ejecutivo de Adega, Fins Eirexas, describe la búsqueda que llevó a cabo su grupo en este asunto, convencido de que había habido “escandalosas irregularidades”, como una “verdadera labor de investigación”. La sorpresa supina llegó el día que, cotejando fechas, los ecologistas descubrieron que uno de los escritos había sido incluido “a posteriori”, “chapuceramente impreso en un papel con un logo de la Xunta que ni existía cuando se tramitó la obra”. Para acceder al expediente administrativo tuvieron que recurrir al Valedor, al que finalmente la Xunta remitió aquel informe que se había mantenido oculto y que se oponía rotundamente a las obras.

En 2005, el Instituto Geográfico de la Marina localizó tres agujas rocosas y un área de sedimentos que teóricamente dificultaban la entrada de determinados barcos. En 2011, el Puerto de Ferrol utilizó explosivos para eliminar esos obstáculos sin hallar trabas en las autoridades medioambientales. Parte de aquellos fondos formaban parte del LIC Costa Ártabra, “uno de los ecosistemas más biodiversos de Galicia, en el que frecuentemente aparecen nuevas especies”, recuerda Adega.

El fiscal de Medio Ambiente señala directamente en su denuncia y solicita al juez que se tome declaración en calidad de imputados a Carlos Muñoz y a Rogelio Fernández. El primero aparece como firmante de los informes de Conservación da Natureza que finalmente sirvieron para dar luz verde a las obras. Mientras que al segundo se le responsabiliza de una “nota interior” por la que, “más de un año y dos meses después del informe negativo” inicial (fechado en julio de 2010, antes de publicarse la declaración de impacto favorable), se requiere a la delegación en A Coruña del Servizo de Conservación para que lo “reevalúe”.

El Ministerio de Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto, según la denuncia, sin un informe (en este caso negativo)de Conservación da Natureza que es obligatorio por ley. Y las agujas rocosas que obstaculizaban a la altura de los castillos de San Felipe y La Palma el paso de barcos de gran calado como los gaseros de Reganosa desaparecieron, sin tener en cuenta las alegaciones de ecologistas y mariscadores.