La Ley de Costas abre la puerta a regularizar 4.600 ocupaciones ilegales

La reforma de la Ley de Costas ha abierto la puerta a una regularización de lo que antes eran ocupaciones ilegales del dominio público en el litoral. El Gobierno central calcula que en Galicia hay un total de 4.611 “ocupaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas” que pueden recibir una autorización conforme al remozado apartado de las disposiciones transitorias de la ley y certifica que desde 2000 solo se han demolido por esta causa 150 construcciones.

Estos datos son los que aportó el Gobierno como respuesta escrita a una pregunta del Grupo Socialista en el Congreso formulada a finales de abril por la ourensana Laura Seara y el valenciano José Luis Ábalos. En la cuestión se pedían datos precisos sobre instalaciones y construcciones en el dominio público costero y las posibilidades de que lo que hoy es ilegal pueda dejar de serlo. La respuesta viene a ser que de entrada, todo. “En la comunidad autónoma de Galicia existen unas 4.611 ocupaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas, sin que ello signifique que no puedan obtenerla al amparo del régimen transitorio de la Ley de Costas”, señala el Ministerio de Medio Ambiente. Un párrafo más abajo la respuesta del departamento de Miguel Arias Cañete matiza que “no es posible determinar con precisión el número de construcciones o instalaciones que podrían ser legalizadas con la nueva ley” y que hay que ir caso por caso: “Será cuando se tramite el correspondiente expediente cuando se valorará dicha posibilidad”, añade el ministerio.

De la misma contestación del Ejecutivo se deduce el escaso empeño de la Administración en hacer cumplir la anterior ley a rajatabla. El número de construcciones demolidas entre 2000 y lo que llevamos de 2013 fue de 150, una cifra que además tiene trampa; el grueso de los derribos (110) se produjo entre 2005 y 2008, cuando la ministra era la socialista Cristina Narbona, que se distinguió por dar un acelerón al proceso de deslinde del litoral. Ni en los cinco años previos ni en los siguientes el número de demoliciones superó las 10. Las legalizaciones, por otra parte, tampoco fueron abundantes: solo 28 en 14 años. El documento constata también que frente a las miles de ocupaciones sin concesión o autorización solo hay 351 que tengan los permisos en regla. La respuesta del Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete señala asimismo que las industrias con concesión que por ser potencialmente contaminantes necesitan de un informe previo de la Xunta para obtener una prórroga son 11. Aunque no se especifica, es en este grupo en el que se incluye el caso de la fábrica de Celulosas de Ence en Pontevedra, El informe autonómico podrá ser obviado, si es negativo, si el Gobierno central entiende que concurre el interés general