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Martínez y Such, en sus escaños, de momento

Las dos exconsejeras están pendientes de juicio por los contratos de Fitur con Gürtel

“Por supuesto, en el próximo pleno estarán sentadas donde tienen que estar, en sus escaños del grupo al que pertenecen, que es el Grupo Parlamentario Popular”, respondió Jorge Bellver cuando le preguntaron si las dos exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, la primera también expresidenta de las Cortes Valencianas, imitarán a Rafael Blasco y se marcharán a la fila de los diputados no adscritos.

Martínez y Such están procesadas en la pieza del caso Gürtel que investiga las adjudicaciones a la trama de los pabellones de la Generalitat en la feria Fitur. Tienen ya decretada la apertura de juicio oral y la fiscalía pide a la primera 11 años de cárcel y 10 de inhabilitación a la segunda. La posibilidad de que dimitan de sus cargos es muy remota, pero no lo es tanto que, por lo menos Milagrosa Martínez, acabe de diputada no adscrita.

La Mesa de las Cortes Valencianas resolvió precisamente este martes la situación del primer diputado sin grupo de la legislatura. Rafael Blasco se incorpora a la comisión de Medio Ambiente, lo que ha obligado a ampliar el número de sus componentes para garantizar que el PP mantenga la mayoría absoluta y que los socialistas no vean reducida su presencia. La comisión estará compuesta a partir de ahora por nueve diputados del PP, cinco del PSPV-PSOE, así como uno de Compromís y otro de Esquerra Unida, además de Blasco.

El que fuera varias veces consejero y portavoz parlamentario del PP dispondrá de medios materiales “para el cumplimiento de sus funciones” que la Mesa de las Cortes no precisó. Los diputados no adscritos solo tienen derecho a percibir la remuneración que corresponde a “los diputados o diputadas individualmente considerados”.

Por otra parte, Bellver se negó a “hacer valoraciones sobre hipótesis” en el caso del consejero de Gobernación y Justicia y secretario regional del PP, Serafín Castellano, pendiente de la decisión del Tribunal Superior de imputarlo o no por los contratos adjudicados al empresario Taroncher. El portavoz parlamentario del PP dijo que pretendía “no seguir el juego” a asociaciones como la que le denunció, que “en muy poco tiempo cambian tres veces de domicilio y no se sabe muy bien quiénes están detrás ni a qué intereses responden”.