La batalla final de los ERE entre la Junta y la juez Alaya se acerca

¿Es posible lograr un relato ameno y comprensible del meollo actual del caso de los ERE? ¿Tiene traducción al lenguaje cotidiano un palabro como la transferencia de financiación? ¿Cómo explicar la rama política de la causa para que no se asemeje a una cuestión de expertos jurídicos y financieros? Esos son los retos de este reportaje.

La batalla final del caso de los ERE está muy próxima. Durante los años venideros seguirán aflorando corruptelas y delitos cometidos entre 1999 y 2010, pero la cuestión clave que afecta a la cúpula del Gobierno andaluz se resolverá previsiblemente en los próximos meses. Esto es, si el sistema utilizado para pagar los 721 millones fue legal y si sus responsables políticos deben ser procesados. Desde enero de 2011 la investigación ha descubierto un fraude diverso: los intrusos en los expedientes, las sobrecomisiones pagadas a los intermediarios y las ayudas directas a empresas que no las merecían.

Pero hace dos semanas la juez Mercedes Alaya abrió la caja de los truenos al desarrollar su tesis, antaño esbozada, sobre el procedimiento: la Junta diseñó un sistema opaco para saltarse los controles de la Intervención General y poder pagar los ERE millonarios al tiempo que daba subvenciones a las empresas afines al PSOE, lo que permitió un “dispendio continuado” de los fondos públicos.

La decisión de Alaya se materializó en un sonado auto por el que imputó a 20 altos cargos de las diferentes etapas del Gobierno andaluz que pecaron de inacción, según su tesis. “Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción”, anunció como prólogo de su resolución, que ha supuesto un terremoto para el Ejecutivo autónomo. La trascendencia de su acusación afecta a cargos tan relevantes como la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y exministra Magdalena Álvarez.

Sin embargo, todos los juristas consultados coinciden en que la coherencia judicial indica que según la tesis expuesta, la responsabilidad de Álvarez es cuando menos similar a la del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sucesor de Álvarez al frente de la Consejería de Economía y Hacienda. Y los testimonios de testigos recabados señalan a la consejera actual de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, durante su etapa como viceconsejera. Ambos son aforados y el Tribunal Supremo resolverá su responsabilidad después de que la juez le envíe una exposición razonada de hechos. Y entonces sus magistrados resolverán la madre del cordero actual: si los responsables políticos de que el procedimiento se perpetuara año tras año cometieron delito. Si tiene encaje en el Código Penal o por el contrario es una cuestión administrativa.

Hasta que llegue ese día en el que el alto tribunal resuelva la cuestión clave se sucederán los argumentos jurídicos enfrentados. Por una y otra parte. Sin embargo, entre ambos extremos hay actores con un papel decisivo como la Fiscalía Anticorrupción, que por ahora ha optado por no decantarse y pedir que acudan a declarar al juzgado los técnicos de la Cámara de Cuentas y que se aporten todos los informes de la Guardia Civil y la Intervención General. Es necesario aportar toda la luz posible antes de posicionarse en esta cuestión tan compleja, viene a decir el ministerio público.

Mientras los fiscales se posicionan, la juez ha esbozado en su auto que la imputación de Álvarez responde a su diseño de las normas que permitieron el pago de los ERE entre 2001 y 2004, pero aún debe concretar el papel desempeñado por el resto de altos cargos, entre ellos el ex interventor general Manuel Gómez, citado a declarar dentro de semana y media.

La respuesta de la Junta ha sido recurrir ante la Audiencia de Sevilla el auto de Alaya, a pesar de ser acusación particular, una situación anómala por la que se arriesga a ser expulsada del procedimiento. En términos muy duros, el Gobierno ha condenado la falta de motivación de Alaya para imputar a sus altos cargos, porque esta inconcreción de indicios criminales puede dar al traste con el procedimiento debido a ulteriores nulidades. La Junta está personada como Administración perjudicada por el fraude de fondos públicos. En su recurso, el Ejecutivo autónomo alerta de que la tesis de la juez “subvierte” el sistema democrático al cuestionar las leyes de Presupuesto aprobadas por el Parlamento donde se incluyó año tras año el fondo de los ERE. Y la ilegalidad de las leyes debe dirimirla el Tribunal Constitucional. “Supone un ataque frontal al Estado de Derecho”, avisa el Gobierno andaluz, que considera que de prosperar la imputación de sus 20 altos cargos, deberían sumarse todos los diputados que apoyaron los presupuestos a lo largo de varias legislaturas, todos los que se abstuvieron, así como todos los que presentaron enmiendas, normalmente, desde la oposición, porque lógicamente conocían el fondo.

El primer árbitro de esta pelea entre la Junta y Alaya, la Audiencia, es posible que no se moje. Porque los argumentos esgrimidos por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández hace un año para defender el fondo fueron muy similares a los de la Junta. Y desde entonces la Cámara de Cuentas ha censurado en su informe el procedimiento inadecuado, pero el órgano fiscalizador no se ha mojado sobre su ilegalidad. “No disponemos de datos objetivos y elementos de juicio suficientes (...) sobre si era ajustado a derecho o no el procedimiento instaurado por la Consejería de Empleo”, alegó hace un año la Audiencia. Está por ver si sus jueces dejarán la patata caliente al Supremo o si la legalidad del fondo se dilucidará en Sevilla.

¿Cuáles son los dos enfoques contrapuestos sobre el pago de las ayudas en los ERE?

La clave es la utilización de la transferencia de financiación, un mecanismo de pago desde la Junta a sus organismos públicos utilizado durante años con regularidad, pero que en los ERE tenía características muy peculiares y diferenciadoras. Para unos es un método perverso diseñado con la intención de favorecer el fraude. Para otros un sistema legal del que se hizo un mal uso, pero cuya pervivencia no supuso anomalía ni ilegalidad, ya que los informes de la Intervención no dieron a los políticos la voz de alarma sobre el menoscabo de fondos públicos. Al margen de su ilegalidad, está claro que el diseño fue inadecuado, por eso el Gobierno lo ha modificado dos veces desde 2009.

“Canal Sur recibe transferencias de financiación pero se las gastan ellos, no se dedican a dar subvenciones. El problema es que el poder de decisión para gastar el dinero radicaba en Empleo”, censura el abogado del PP, Luis García Navarro. Empleo decidía el destino del dinero, pero quien pagaba era la agencia Idea sin conocer los expedientes. “Al trasvasar dinero a las empresas públicas se hace mediante subvenciones que hay que justificar con fiscalización previa y a posteriori. En este caso no tenía ningún control”. Este letrado censura la inacción de los altos mandos de Economía y Hacienda ante los sucesivos informes de la Intervención General que alertaron del fondo hasta en 15 ocasiones diferentes.

Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, opina que la responsabilidad de alertar de la Intervención exime en parte a los responsables de las consejerías que recibieron sus informes: Hacienda, Innovación y Empleo: “La Intervención tenía obligación de hacer un reparo y no está claro que el gestor responsable tuviera la capacidad de maniobra (...) El problema es haber ido aflojando en el rigor de los procedimientos (...) Parece claro que hay irregularidades de bulto. Ahora bien, hay una ley \[la de Presupuestos\] que establece ese diseño y otorga cobertura”, expone.

En definitiva, el procedimiento empleado devino en una corrupción que provocó el fraude, la duda radica en averiguar si fue antes el huevo o la gallina. “El problema está en que cuando se hacía la transferencia desde la agencia Idea [organismo pagador] hasta la aseguradora, esta es totalmente opaca y ahí se abre la espita del fraude”, recuerda Luis Ángel Hierro, director del Departamento de Economía de la Universidad de Sevilla. “Si los nombres de los trabajadores beneficiados se hubieran publicado en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta), problema resuelto”, concluye.

Si seguir como lector el día a día del caso requiere un esfuerzo considerable, bien es cierto que están en jaque mandos clave del Gobierno y quizás el sacrificio merezca la pena. Si uno quiere estar al día, claro.