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CiU se niega a llevar la audiencia pública de Nou Barris a un recinto con más aforo

Los vecinos piden un sitio más grande para que todos los que lo desean puedan acceder

A las audiencias públicas —máximo órgano de participación ciudadana en los distritos de Barcelona— de Nou Barris solo podrán asistir 99 vecinos. La regidora Irma Rognoni (CiU) rechazó el pasado martes en el pleno la propuesta de los socialistas de realizar estas sesiones en un sitio más grande y acatar así las repetidas peticiones de otros grupos políticos y los vecinos. El Gobierno convergente argumenta que hay “muchas sillas vacías” en estas reuniones y, por tanto, “el problema no es el aforo”. Las plataformas vecinales recuerdan que muchas personas suelen quedarse sin sitio.

Nou Barris es el distrito donde más ciudadanos acuden a estos órganos de participación. En el de marzo hubo unas 200 personas. El ambiente suele ser muy tenso y Rognoni siempre es recibida con gritos de “dimisión”. En alguna ocasión la edil ha suspendido la sesión ante el desorden. Los vecinos la acusan de inacción y de no defender los intereses de uno de los sectores más afectados por la crisis y las ejecuciones hipotecarias.

La polémica por el aforo en los órganos de participación en el distrito comenzó en mayo cuando la Guardia Urbana comenzó a cachear y controlar el acceso a la sede del distrito sin previo aviso. A la audiencia acuden numerosas plataformas vecinales, como la que pide la reapertura del CAP de La Guineueta o los afectados por Trinitat Nova. Según el distrito, se redujo la capacidad a 99 personas para “cumplir con el plan de seguridad y emergencia”.

Rognoni asegura que cada vez que una silla queda vacía porque alguien marcha, se da permiso para que alguien ocupe el sitio. Los vecinos rechazan la medida porque consideran que todos tienen derecho a asistir. Esto llevó al PSC a presentar el ruego, pero desde el Gobierno del distrito dicen que alquilar el Fòrum —una sala cercana con más aforo— cuesta 300 euros. CiU y PP ya intentaron presentar una moción en la que se pretendía regular la participación, el tiempo de intervenciones y hasta los aplausos.

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