La Xunta ve una “oportunidad” de legalizar viviendas en la nueva ley

El conselleiro de Medio Ambiente ha asegurado que la nueva Ley de Costas, que entró en vigor el pasado 1 de julio, abre la "oportunidad" para "regularizar" la situación de 12.500 viviendas costeras en la comunidad, que se encuentran en situación "alegal" por su proximidad al mar según la anterior normativa. Con la aprobación de este nuevo texto, ha explicado Agustín Hernández, "es el momento de ponerse a trabajar" para "aprovechar la oportunidad que se espera desde hace 25 años", cuando la anterior normativa "dejó de lado la realidad gallega" relativa a los núcleos rurales pesqueros existentes en las proximidades del litoral.

Con la entrada en vigor de la nueva norma, en Galicia se verán favorecidas directamente 45.000 viviendas, mientras que otras 8.000 podrán regularizar su situación cuando los ayuntamientos en los que se encuentran delimiten los núcleos rurales en su planeamiento. Con ello, la Ley de Costas dará "cobertura a una reivindicación histórica", que se "reconozcan como elementos de identidad de Galicia a los núcleos costeros tradicionales previos a la ley de 1988". En estas zonas, la protección costera disminuirá desde los 100 metros actuales hasta los 20 metros para dar cobertura legal a estas viviendas.

La Xunta apuesta por "aprovechar esta oportunidad" y no se plantea la posibilidad de recurrir el texto legal. "En absoluto se puede argumentar con datos ciertos que esta ley vaya a privatizar la costa", ha explicado el conselleiro, al tiempo que ha añadido que "incrementa y garantiza la protección del litoral" y "define claramente cuestiones que en la ley anterior no estaban suficientemente claras". Precisamente esta maññana el  BNG ha pedido a la que presente un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley porque "vulnera el principio de igualdad, atenta contra la autonomía local y porque invade competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y del litoral y urbanismo", además de que pretende la "consolidación" de ENCE. La viceportavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha presentado una serie de iniciativas por las que insta a revocar esta ley que afecta a los más de 5.500 kilómetros de costa, y que tiene un "carácter regresivo, que no va a mejorar la calidad" de vida, ni responde al "interés general".