La Junta abre la puerta a pagar la defensa a los cargos y funcionarios imputados

El Gobierno andaluz, que está personado como acusación en el caso de los ERE irregulares, ha abierto la puerta a costear la defensa de los cargos y funcionarios en activo imputados la semana pasada por Mercedes Alaya. "Es una cuestión de normativa", ha dicho Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Ejecutivo regional, en referencia a un decreto de 2000 en el que se indica que "las autoridades y personal al servicio" de la Junta pueden ser defendidos por los servicios jurídicos de la Administración.Así se establece en el reglamento de organización del Gabinete Jurídico de la Junta.

Lo paradójico en este caso es que los letrados del Gobierno regional ya están en la instrucción, pero como acusación. La normativa de 2000 prevé que, cuando se produzca una situación como esta, la Junta podrá costear "los servicios de profesionales" ajenos a la Administración. A esta solución ha apuntado este martes Vázquez. Aunque ha asegurado que se deben cumplir dos requisitos: que los imputados sigan dentro de la Administración y que soliciten acogerse a esta cláusula. Además, para que la Junta pague su defensa será necesario un informe previo del Gabinete Jurídico.

El portavoz también ha afirmado que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce a los funcionarios el derecho "a la defensa jurídica y protección de la Administración en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos". El Gobierno andaluz, a través de una nota, ha indicado también que, "hasta ahora, y después de tres años de instrucción judicial, la Junta solo se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Rivera, ex director general de Empleo". Según el Ejecutivo autonómico, se hizo "porque así lo estimó conveniente el servicio jurídico, el mismo servicio que ha solicitado la imputación y afianzamiento de varios ex altos cargos de la Junta".

La Junta no ha precisado cuántos de los 20 imputados la semana pasada (entre los que está la exconsejera Magdalena Álvarez) tienen la posibilidad de pedir que la Junta les costee la defensa. Al menos cuatro siguen en la Administración: el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano; el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; el director de Idea, Antonio Valverde; y Juan Alonso Luque, interventor delegado de Empleo.

La juez imputó a estas 20 personas al apreciar indicios delictivos en el procedimiento administrativo que amparaba el fondo de los ERE. Aunque Vázquez ha indicado que esta decisión es "perfectamente recurrible", la Junta no dará ese paso. Será cada imputado el que lo haga. El viceconsejero Antonio Lozano recurrirá. Sin embargo, fuentes de la Junta han asegurado que Lozano aún no ha decidido si pedirá que la Administración le pague la defensa.