La juez de la Brugal apremia al Tribunal de Cuentas y la Policía

El juzgado encargado del caso Brugal de Orihuela (Alicante) ha pedido al Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de la contabilidad de las elecciones locales ocurridas en la localidad alicantina en mayo de 2007. Quiere saber si alguno de los más de 40 imputados en esta pieza del caso Brugal realizó aportación alguna al Partido Popular o al Partido Social Demócrata de Orihuela (PSDE), al tiempo que pide a la Policía que remita el informe sobre los ordenadores incautados durante la investigación, un documento que hace un año ya fue reclamado por la sala.

En el auto emitido el pasado 2 de julio por el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, la juez Ana Belén Cordero Naharro reclama que en el plazo de un mes el Tribunal de Cuentas remita la información requerida para este caso, que investiga una supuesta actitud delictiva relacionada con la adjudicación desde el 2005 del concurso de basuras y limpieza viaria del mayor municipio en extensión de la provincia de Alicante.

Con la voluntad de aclarar si hubo financiación al PP y al PSDE por parte de varios de los imputados y de las empresas investigadas, la encargada de la instrucción ha pedido también a la mercantil Comercial Candel Reclamo y Publicidad, SL, que en el plazo de 15 días aporte la información que pueda referirse al pago de trabajos con el logotipo o eslóganes del PP y el PSDE durante el 2007.

En el segundo punto de la descripción de los hechos a los que se refiere el auto, Cordero Naharro manifiesta que de lo instruido hasta la fecha “se desprende que es necesario recordar la práctica de algunas diligencias...”. Sorprende al leer el auto que el informe policial reclamado el 16 de mayo de 2012 sobre los ordenadores intervenidos no haya sido entregado pese a que tenía seis meses para serlo. La juez, “visto el tiempo transcurrido” según reza el auto, da 20 días a la policía para que entregue el informe y vuelva a escanear documentos que no pueden leerse correctamente.

Al Ayuntamiento de Orihuela, personado como acusación en la causa, reclama también las actas de todas las comisiones de Hacienda, contratación, régimen interno referente a los expedientes de la contrata de basuras y limpieza de los años 2005, 2008 y 2009. La magistrada solo poseía los dictámenes.