Contra la impunidad

La Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana está estos días en candelero por su ofensiva judicial contra distintos prohombres del Gobierno autonómico, empezando por el mismo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el consejero de Gobernación y secretario general del PP, Serafín Castellano, y el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. Los delitos presuntamente cometidos están entre los habituales en el gremio gobernante: malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y etcétera. En este caso, la irregularidad más llamativa e incluso escandalosa es la prolongada relación del mentado consejero con una empresa —Construcciones Taroncher— que ha crecido a su vera y amparo. Un exceso de amiguismo.

De esta entidad querellante sabemos poco más de lo que su presidente, Enrique Soriano, le ha contado a la colega Julia Ruiz en una entrevista publicada en Levante-EMV el pasado día tres. Un grupo de amigos que al calor de sus sobremesas y vocación cívica deciden actuar sobre uno de los problemas más indignantes del panorama público: la corrupción. Y ahí están, pensat i fet, aunque escaqueados tras el anonimato, como si la tarea que se proponen fuese vergonzante o de alto riesgo. Mientras no se nos revelen un día disfrazados con capirotes, cual Ku Klux Klan periférico, bienvenidos sean a la cruzada contra los corruptos de toda laya. En este país —decimos del valenciano, pero no sólo— hay tajo para todos los ciudadanos honrados que quieran darle caña a esta lacra, ya sea por vía judicial, política o mediática. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha mostrado rigurosa con los chorizos, en contrapunto, por cierto, con Rita Barberá, proclive a la comprensión. Ha de pensar que la sombra de Emarsa o de Nóos es alargada y quizá pueda ella necesitar comprensión en el próximo futuro.

La lucha contra la corrupción en una sociedad tan propensa a practicarla —pues de otro modo no se comprende este desmadre bananero— requiere tiempo, escuela y justicia, como cualquier otra dimensión de la civilidad. Pero también exige reducir al máximo el margen de la impunidad, que todavía es tan excesivo y desalentador como la lentitud de los tribunales. De ahí la necesidad de denunciarla —decimos de la impunidad— allí donde la percibamos. Y por poner un ejemplo ilustrativo, preguntamos: ¿nadie va a pagar por el saqueo de Ràdio Televisió Valenciana, uno de los escándalos en erupción? ¿Hemos de asistir resignadamente a su desguace sin depurar ninguna responsabilidad ni saber siquiera qué gentuza convirtió ese ente público en una variedad de barra libre donde todo delirio o capricho encontró su acomodo? ¿Quiénes y cómo se despilfarraron los muchos cientos de millones de euros prodigados al fútbol y a los grandes fastos deportivos?

Pueden apostar que todo o casi todo saldrá a la luz del día, pero hoy por hoy la verdad es que meter mano en el erario o malversarlo ha resultado penalmente barato. Que recordemos, en estos momentos sólo chupa trullo uno de los individuos de la camarilla arracimada en torno al exconseller Rafael Blasco por el asunto de las ayudas esquilmadas al tercer mundo, y están al caer algunos juicios con graves peticiones fiscales. Veremos en qué quedan, pero mientras tanto hemos de seguir pugnando contra la corrupción y la impunidad, aunque sea con aliados emboscados como los arriba citados.