Barberá tensa la mala relación con las asociaciones de vecinos del Marítim

“Estamos indignados”, se quejó ayer Vicent Lamas, presidente de la Asociación de Vecinos del Grau-Port. No podía ocultar su enfado. Las organizaciones vecinales del litoral (Grau-Port, Natzaret, Cabanyal, Amics de la Malva, Vilanova del Grau, Port Saplaya y Patacona-Vera) comunicaron por escrito el 19 de junio al Ayuntamiento de la capital su intención de usar el Tinglado 2 del puerto para la celebración de un acto ciudadano del que deben salir una lista de reivindicaciones al Gobierno local del PP.

Pero con solo 48 horas de antelación —la reunión es hoy sábado— , el Consistorio les ha respondido que no tendrán tinglado bajo el que cobijarse del sol porque no han presentado un montón de papeles. Les piden un seguro de responsabilidad civil por daños a personas y otro para el recinto, así como un permiso de la Consejería de Gobernación, con una memoria de actividades y otros requisitos.

Los vecinos no ocultaban su sorpresa por la reacción del Gobierno municipal. “El mismo día notificamos el encuentro a la subdelegación del Gobierno de Valencia y al Consorcio Valencia 2007 y poco después nos contestaron que el tinglado era cosa del Ayuntamiento”, recuerda Lamas. Desde que presentaron el escrito al Ayuntamiento, nadie se ha dirigido a ellos para informarles de que necesitaban permisos.

“Al final el tema que subyace es que el Ayuntamiento de Valencia no quiere que los ciudadanos tengamos parte activa en los futuros usos de la Marina Real”, construida con un préstamo del ICO para la celebración de la Copa del América en 2007 del que no se ha devuelto prácticamente nada. Según Lamas, se trata de un acto informal en el que las asociaciones vecinales querían debatir sobre sus barrios. Nada más.

El acto previsto a la sombra del Tinglado 2 se ha reconvertido en un paseo guiado. “Aunque tengamos que ir de dos en dos, haremos la reunión”, remachó.

Los vecinos tendrán cerca a la alcaldesa de Valencia que se reunirá en el edificio Veles e Vents con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, dado que Valencia será subsede olímpica de vela si Madrid se alza con la organización de los Juegos Olímpicos.

No es la primera vez que el Gobierno municipal choca con los vecinos del Marítim, uno de los barrios urbanísticamente menos ordenados y con más carencias de la ciudad. Los vecinos, desde la Federación de Asociaciones de Valencia hasta las de los barrios, han reivindicado siempre el uso ciudadanos de la dársena. Su reciente cesión a la ciudad —Barberá lo considera nuevo barrio— le obliga a redactar un plan de usos que se está haciendo a espaldas de los residentes.

Las asociaciones de Natzaret y la Malva-rosa reclamaron en uno de los últimos plenos municipales participar en la redacción del plan de usos de este espacio y la respuesta del PP fue invitarles a presentar alegaciones cuando el documento salga a exposición pública. Creen que la dársena debe tanto dinero que al Consistorio solo le preocupa alquilar espacios para el negocio privado mientras se olvida del espacio público para los ciudadanos, arguyó Lamas.

Los desencuentros del gobierno de Barberá con el Marítim se han enconado en la última década. La asociación de Natzaret prorestó durante años contra la Zona de Actuaciones Logísticas (ZAS) del puerto, que encajonó el barrio y devoró la huerta.

Los residentes del Grau-Port y de nuevo los de Natzaret han absorbido en solitario las molestias que provoca la celebración en la dársena del Gran Premio de fórmula 1. Sufren un ruido ensordecedor, cortes de tráfico y restricciones a la movilidad. No muy lejos de allí está la Asociación del Cabanyal, que lleva años peleando en los tribunales contra el urbanismo de Barberá, que prevé prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa del barrio de pescadores.

Hoy tienen previsto recordarle al Gobierno local lo que quieren para sus barrios. Piden que se eliminen los vertidos contaminantes al mar del emisario de Vera en la Malva-rosa, que no se haga el acceso norte al puerto porque sería un despilfarro y que se conecte de una vez el Jardí del Túria con el litoral, dignificando Natzaret. Plantean que se renuncie a la prolongación de Blasco Ibáñez y que no se organicen más ediciones de las carreras. Por último, reivindican que se condone la deuda de 320 millones al ICO.

Los socialistas emplazaron al PP a dejar de boicotear la participación ciudadana.