Los expertos cargan contra el registro de adhesiones a las políticas de Mas

Si de lo que se trataba era de lograr apoyos, el llamado registro de adhesiones a las políticas del Gobierno catalán no podía arrancar de peor manera. La base de datos que impulsa el departamento de Presidencia para recoger —y publicitar— apoyos a sus políticas entre ciudadanos, entidades y empresas, generó ayer la crítica unánime de la oposición y especialmente de los expertos, que lo consideran una herramienta arriesgada, falta de sentido o, directamente, perjudicial.

Ahora conviene pacificar las cosas; esto genera más conflicto” Jordi Matas

El Gobierno pondrá en marcha dentro de medio año este registro, que busca dejar constancia de los apoyos que reciben las políticas del Gobierno. En la orden de creación de la base de datos no se especifica qué tipo de políticas o proyectos se someterán al escrutinio público. Y es precisamente esto lo que genera las primeras críticas de los expertos. La decana del Colegio de Politólogos de Cataluña, Anna Parés, se muestra cautelosa a la hora de valorar algo que aún está en fase de proyecto, pero entiende que lo primero que se debe saber es si el Gobierno pretende que los “ciudadanos firmen un papel en blanco” sin saber a qué están dando su apoyo exactamente. En caso de que el Ejecutivo de Artur Mas intente utilizar esta base de datos para recabar apoyos a algo tan sensible como el proceso soberanista, Parés también considera que debería hacerse de forma “mucho más participativa”. O sea, “pactado con otros partidos e instituciones”.

El Gobierno catalán insistió ayer en que lo que plantea se está aplicando en otras comunidades como Aragón y Cantabria. En la primera, por ejemplo, existe una iniciativa gubernamental dedicada a promocionar, conjuntamente con entidades y particulares, una estrategia contra el cambio climático. Pero los expertos consultados tienen serias dudas de cuál será la última finalidad del registro catalán. Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, entiende que existen muchas vías de fomento de la participación y se pregunta por qué existiendo en el departamento de Gobernación un programa llamado Innovación y Calidad Democrática el registro lo impulsa Presidencia. En opinión de Matas esto puede ser contraproducente para el proceso soberanista. “En este momento conviene pacificar las cosas y no dar armas a quienes están en contra del derecho a decidir. Lo que hace esto es generar más conflicto”, sostiene.

La medida sonará como instrumento de presión” Joan Botella

Joan Botella, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAB, también observa con mucha cautela el hecho de que el Gobierno pueda saber quién está con sus políticas y quién no: “Aunque haya garantías de la Agencia de Protección de Datos, se crea un registro de personas adictas y, ni que sea por los precedentes históricos que tenemos, resulta poco agradable”. En opinión de Botella, aunque la medida se presente como fomento de la participación, “sonará como instrumento de presión”.

En una línea parecida se expresa el profesor de políticas de la Universitat de Girona, Lluís Orriols, quien observa una “rara mezcla de conceptos” entre participación y adhesión. Este profesor recuerda que en el ámbito de las políticas públicas la participación ciudadana se hace antes de implementar un programa, y no después. Por esta razón, considera que el Gobierno se ha “equivocado” al presentar como programa de participación ciudadana un registro en el que figura la palabra “adhesión”.

El Gobierno tiene medio año para corregir el tiro antes de implantar la base de datos.