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La juez deja en libertad a Carlos Leal tras una fianza de 150.000 euros

El letrado admite el pago de 10.000 euros a un testaferro preso

La juez Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados sevillanos.
La juez Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados sevillanos.Julio Muñoz (EFE)

Carlos Leal, el abogado del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís imputado en el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha quedado esta madrugada en libertad provisional tras abonar la fianza de 150.000 euros que le ha impuesto la juez Mercedes Alaya para poder eludir la cárcel.

En una comparecencia de medidas cautelares celebrada de manera previa, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PP habían solicitado su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 225.000 euros, mientras que la acusación ejercida por la Junta de Andalucía únicamente había solicitado la retirada del DNI y del pasaporte y su comparecencia periódica ante el Juzgado, y el sindicato UGT no había pedido medidas cautelares. Pasadas las 2,30 horas de este sábado la magistrada Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que ordena su ingreso en la cárcel bajo fianza de 150.000 euros, además de retirarle el DNI y el pasaporte e imponerle la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Leal disparó en su declaración contra Gaspar Zarrías, secretario federal de Política Municipal del PSOE y exconsejero andaluz de la Presidencia, al acusarle de presionar al ex director general de Empleo Javier Guerrero para que agilizara pagos a las empresas a través del fondo de los ERE. Durante su interrogatorio, Leal describió a la juez cómo en una ocasión encontró a Guerrero “descompuesto” debido a las presiones por parte de Zarrías para agilizar pagos a la asociación de trabajadores de la empresa de Jaén Cárnicas Molina, representada por el conseguidor Juan Lanzas, encarcelado el pasado marzo. Al igual que Leal, el exchófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo acusó a Zarrías de presionar a Guerrero e incluir intrusos en los expedientes, una acusación rechazada por diputado socialista.

El letrado afirmó que las ayudas por 15 millones que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta para la empresa Dhul, propiedad de la familia Ruiz-Mateos, fue consecuencia de una comida celebrada en la sede temporal de la Presidencia del Gobierno andaluz. Al encuentro acudieron los consejeros Zarrías, Francisco Vallejo, Martín Soler, los Ruiz-Mateos y Lanzas. El exconsejero de la Presidencia confirmó el encuentro, pero matizó que el objetivo solo fue instalar una planta de Dhul con 150 nuevos empleos. Sin embargo, la Guardia Civil explicó que la relación entre Lanzas y Zarrías es “de difícil definición”.

El acusado ha reconocido que había adelantado 600.000 euros para el ERE de la Faja Pirítica

Por otra parte, el letrado reconoció el pago de 10.000 euros al testaferro Eduardo Leal para que mintiera ante notario sobre unas facturas falsas. En otro momento, Leal admitió haber adelantado 600.000 euros para el ERE de la Faja Pirítica, un abono que debía hacer la Junta. La operación costó finalmente al Ejecutivo 1,3 millones. El interrogatorio tuvo momentos tensos, como cuando la juez le espetó al acusado: “Me está mintiendo descaradamente (...) No me intente convencer porque no lo va a conseguir”.

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