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La DGT anula una multa por velocidad al kamikaze que mató a un joven en Alzira

La familia de la víctima considera la multa una prueba de su mala conducta El conductor justificó ante Tráfico que no estaba al volante y había vendido el vehículo La oposición exige explicaciones al Gobierno y a la Dirección General de Tráfico

Felipe Betim

La Dirección General de Tráfico (DGT) anuló el 1 de abril una multa del kamikaze Ramón Jorge R. S., condenado por la muerte de José Alfredo Dolz en 2003, en el municipio de Polinyà del Xúquer (Valencia), población cercana a Alzira. La sanción por exceso de velocidad se produjo en febrero de 2010, cuando el conductor tenía retirado el permiso de conducir, y abonada con recargo el 29 de julio de 2011 por 360 euros. La anulación de la multa por la DGT se logró antes de la revisión por el Tribunal Supremo del polémico indulto concedido por el Gobierno central al kamikaze el 7 de diciembre de 2012. La familia de la víctima consideraba esta sanción una prueba para demostrar la mala conducta al volante del indultado. Una fuente de la DGT ha explicado, sin embargo, que el kamikaze justificó ante Tráfico que no estaba al volante y que había vendido el vehículo antes de la multa. No había notificado, de esa forma, el cambio de propriedad del coche a la entidad. Varios partidos políticos de la oposición han reaccionado de inmediato pidiendo explicaciones al Gobierno.

El vehículo multado había sido detectado circulando a 100 kilómetros por hora en Benalmádena (Málaga), en un tramo en el que la velocidad permitida era de 80. La multa, de inicialmente 100 euros, fue enviada a la dirección del titular del coche e inmediatamente devuelta, ya que Ramón Jorge tampoco había notificado el cambio de domicilio. Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y luego fue encaminada a Hacienda.

Tras haber pagado la multa en julio de 2011, el kamikaze presentó un recurso extraordinario en marzo de este año con dos declaraciones: la suya, en la que justificaba ante Tráfico que no estaba conduciendo el coche y que ya lo había vendido antes de la fecha de lo ocurrido; y la declaración del nuevo titular del vehículo, confirmando que lo había comprado en 2009. Presentaron, además, el justificante del pago.

"Los magistrados del Supremo estaban deliberando sobre el caso y la multa era considerada un hecho objetivo y contrastable", ha explicado Loreto Dolz, hermana del joven fallecido en la AP-7 en 2003. "Pero aún hay otros argumentos, como la falta de proporcionalidad y de equidad que supuso el indulto, es decir, el hecho de que una pena de 13 años fue sustituida por una multa de 4.000 euros", ha concluido. El letrado de la familia ha subrayado que "no es habitual" que se anule por parte de Tráfico una sanción ya pagada por un infractor y cree que esto puede tener influencia en el expediente que se está tramitando en el alto tribunal. "El Gobierno argumentaba que le había dado el indulto porque no tenía ninguna infracción, estaba con el expediente limpio. Y con la multa argumentábamos el contrario", ha explicado.

La noticia sobre la anulación de la sanción, publicada hoy por Levante, ha encendido a los partidos de la oposición en la Comunidad Valenciana. El secretario general del PSPV-PSOE y diputado por Castellón, Ximo Puig, va a registrar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas escritas, así como la petición de comparecencia de la Directora de la DGT, para que explique los motivos por los que ha retirado la sanción por exceso de velocidad al kamikaze. La intención de Puig es aclarar “las irregularidades que rodean este caso desde el primer momento”, ya que “lo que se ha sabido hoy es una muestra más de la insensibilidad del Gobierno con los familiares de la víctima y una sombra más en la concesión de un indulto polémico e injusto”.

Lo mismo va a hacer el diputado de EUPV-Els en el Congreso, Ricardo Sixto, que también ha anunciado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer las motivaciones de la anulación de la multa al conductor. Para Sixto, esta noticia resulta “desconcertante para la sociedad española”.

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El representante de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha anunciado que pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. "De nada sirven las grandes cantidades de dinero que se gasta la DGT en campañas de seguridad vial si después indultan a conductores que han provocado muertes y, además, su imprudencia es premiada quitándoles las multas", ha afirmado.

Sobre la firma

Felipe Betim
Nacido en Río de Janeiro, ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Escribe sobre política, temas sociales y derechos humanos entre otros asuntos. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la PUC-Río y Máster de periodismo de EL PAÍS/Universidad Autónoma de Madrid.

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