Alaya vuelve a bloquear las cuentas de Lanzas tras la corrección de la Audiencia

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha vuelto a bloquear las cuentas bancarias del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, y de su cuñado Ismael Sierra. La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara "por falta de motivación" el auto del pasado mes de abril en el que Mercedes Alaya ordenaba el bloqueo de una veintena de cuentas de ambos imputados.

En este sentido, fuentes del caso han informado de que, por medio de un decreto de embargo firmado por la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instructora ordena nuevamente el embargo de las cuentas y productos bancarios y financieros tanto de Lanzas como de su cuñado. En dicho decreto de embargo, el juzgado subsana la "falta de motivación" apreciada por la Sección Séptima de la Audiencia e identifica de manera más concreta a los titulares tanto de las cuentas como de los productos bancarios y financieros bloqueados.

En sendos autos dictados a finales del pasado mes de junio, la Audiencia Provincial anuló el auto de bloqueo dictado por la juez al apreciar "falta de motivación" y por la "indeterminación" en cuanto a los productos a bloquear y a sus titulares. Y es que, según las fuentes, la juez había ordenado bloquear una docena de cuentas del conseguidor de los ERE en algunas de las cuales figuran como cotitulares sus padres, que debido a este bloqueo no han podido disponer de los fondos asociados a estas cuentas desde el pasado mes de abril.

Respecto al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, que salió de prisión tras pagar la fianza de 50.000 euros que le impuso la magistrada, la Audiencia Provincial de Sevilla levantó el bloqueo de siete cuentas asociadas a Imaginae Solutions.

Hay que recordar que, el pasado mes de marzo, la juez Alaya ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Juan Lanzas en el marco de la Operación Heracles desarrollada por la Guardia Civil para investigar el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE. El abogado de Lanzas recurrió posteriormente este auto de prisión ante la Audiencia Provincial, quien acordó su puesta en libertad bajo fianza de 450.000 euros, cantidad que hasta el momento no ha podido abonar.