Las entidades exigen el alquiler forzoso de los 120.000 pisos vacíos de los bancos
Sindicatos, Justicia i Pau y los consumidores cifran en 220.000 las viviendas necesarias La Generalitat insiste en convertir en alquieres sociales los pisos de la Sareb en Cataluña
Los sindicatos CC OO y UGT, Justícia i Pau y la Organitzación de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC) han presentado hoy una campaña para reclamar a la Generalitat la creación de un Fondo Social de Viviendas de Cataluña y exigir el alquiler forzoso de los pisos vacíos nuevos y de segunda mano que están en manos de las entidades financieras. La iniciativa, impulsada por la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna, pretende aglutinar el mayor número de entidades, asociaciones y plataformas sociales para conseguir un parque social de viviendas a partir de los pisos desocupados que hay en Cataluña. Viviendas que proponen que salgan al mercado por una renta que no supere un tercio de los ingresos de las familias que lo necesiten.
Sumando los pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias (que cifran en 50.000), personas inscritas en el registro de solicitantes de viviendas protegidas (69.000), familias en riesgo de exclusión residencial (65.000) y personas mal alojadas (37.000), la Plataforma asegura que las necesidades de vivienda en Cataluña son superiores a 220.000 viviendas. Por otro lado, han cuantificado en 120.000 los pisos vacíos propiedad de entidades financieras. Según Arcadi Oliveres, economista y presidente de Justícia i Pau, estas cifras suponen “una gran contradicción”. Se trata, añade el activista, de una cuestión de lógica: “por un lado, hay miles de pisos vacíos y, por el otro, personas que no tienen dónde vivir”.
El objetivo de la campaña a corto plazo es hacer un llamamiento a todas aquellas entidades y asociaciones que deseen adherirse a la iniciativa y conseguir así una amplia mayoría social para emplazar al Parlament y a la Generalitat a crear el Fondo Social de Viviendas de Cataluña.
El Ministerio de Fomento constituyó, el pasado mes de enero, el Fondo Social de Viviendas, que actualmente dispone de cerca de 6.000 pisos vacíos propiedad de entidades financieras, de los cuales 900 están en Cataluña. Desde la Plataforma ven esta cifra muy insuficiente, por lo que creen imprescindible tanto la creación de un Fondo Social de Viviendas catalán gestionado por la Generalitat, las administraciones locales y las entidades sociales como el alquiler forzoso de las viviendas desocupadas.
La Generalitat también ha solicitado en varias ocasiones que las entidades cedan pisos que tienen vacíos para ponerlos en manos de familias en riesgo de exclusión. Concretamente, el pasado otoño, durante la celebración del salón inmobiliario de Barcelona el secretario de Vivienda, Carles Sala, pidió que sea el banco malo -la Sareb, que tiene 15 años para comercializar los activos tóxicos de las entidades rescatadas-- quien ceda pisos para poderlos destinar al alquiler social. La petición ha sido reiterada esta misma mañana durante el pleno del Parlament por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que se ha mostrado partidario de destinar a uso social los pisos vacíos que tiene en Catalunya la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria.
Desde la Plataforma, CC OO y UGT han defendido que los ciudadanos "ya han pagado" por estos pisos con el rescate de los bancos, por lo que han afirmado que la implementación del alquiler forzoso supondría el retorno a la sociedad de un bien que existe y está pagado desde el sector público. El líder de UGT, Josep Maria Álvarez, ha emplazado a impulsar un alquiler eficiente para combatir la "cultura de la propiedad" instaurada en el país, en unos momentos en que las entidades casi no conceden hipotecas: "Hay que entender que no tener un piso en propiedad no es un drama, a veces incluso es mejor". Por su parte, su homólogo en CC OO, Joan Carles Gallego ha detallado que el proceso para que esta iniciativa llegue a debate en la cámara pasará por una primera fase de sumar fuerzas, mediante la adhesión de otras entidades sociales a la propuesta, así como de conversación con los diferentes grupos parlamentarios.
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