“¡Lo hemos conseguido, Melchora!”

Melchora Cubedo se asoma a duras penas al balcón y asiente levemente con la cabeza cuando, desde la calle, le gritan: “¡Lo hemos conseguido!”. Aún está en estado de shock. Han pasado unos minutos desde que ha firmado un documento que le permite quedarse (a ella y a su hija de 13 años) un mes más en el piso de alquiler en el que reside en una zona céntrica de Castellón. El plazo es suficiente para acondicionar un piso social que el Ayuntamiento le concedió a finales de la pasada semana. La falta de luz y enseres básicos impide, de momento, el traslado.

A las 9.30 de la mañana de este lunes iban a desalojarla. Hace casi un año que no puede pagar el alquiler de 300 euros. Se quedó sin empleo y solo percibe 326 euros de ayuda porque padece una minusvalía del 64%. Esta mañana, un centenar de personas se concentraba a las puertas de su casa para impedir el desahucio. "No me lo creo, no me lo creo", balbuceó Melchora cuando bajó a la calle para intentar dar las gracias.

La movilización del centenar de personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios ha logrado paralizar la ejecución de este desahucio. “Es el primero que paramos en Castellón”, señala María Jesús Garrido, representante de la PAH.

Garrido explica que Melchora se quedó sin trabajo y comenzó a cobrar la prestación. “Al poco tiempo le reconocieron la ayuda por la minusvalía y le otorgaron una pensión de 326 euros pero, cruzaron datos, vieron que cobraba paro y la ayuda y, no solo le han quitado la prestación, sino que la han sancionado”, ha explicado la portavoz de la PAH. Ahora debe pagar la sanción con lo que recibe por la minusvalía. Le quedan limpios 285 euros para vivir.

Hace casi un año que dejó de pagar el alquiler y un juzgado de Castellón había decretado este lunes el desalojo. “Melchora no sabía qué hacer y recurrió a nosotros, el propietario tiene muchos más alquileres y no necesita estos 300 euros para vivir, sino no habríamos actuado”, apuntó. La plataforma solo pedía un plazo para adecuar la vivienda social otorgada por el Ayuntamiento. Y así se lo hicieron saber al agente judicial, que ha llegado al piso pasadas las 9.30 horas.

“Si se comprometen a que el 30 de julio desaloje la vivienda y el propietario está de acuerdo, se paraliza todo”, dijo el agente judicial. El representante del inmueble le pidió que llamara a la policía y que ejecutase el desalojo, a lo que el agente se negó por no estar autorizado. “Si hoy no se va por su voluntad no estoy autorizado a llamar a la policía”, aseguró.

Media hora después, Melchora, en plena crisis de ansiedad, firmó la propuesta y el propietario aceptó el acuerdo. “Esto es un éxito, si en un mes el piso social no está adecuado volveremos aquí”, gritó un miembro de la plataforma.