Las alegaciones de Blasco no tendrán efecto tras dejar el Grupo Popular

Las alegaciones que pueda presentar Rafael Blasco ante el comité de derechos y garantías del PP, que lo suspendió cautelarmente de militancia y lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos el pasado día 22, no tendrán ningún efecto.

Rafael Blasco, inhabilitado por cuestionar la autoridad de la dirección regional del PP y apuntar que Presidencia había instrumentalizado la Abogacía de la Generalitat, está fuera del PP por lo que ya no cabe un nuevo pronunciamiento sobre el sentido de sus declaraciones a 13 TV que motivaron el expediente disciplinario.

Según el artículo 9 de los estatutos del PP, “la condición de afiliado se extingue”, entre otras causas, “por pasar a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto de los del Partido Popular, cualquiera que fuera su ámbito”.

En su escrito a la Mesa de las Cortes, el pasado día 25, Blasco expresó su “voluntad de pasar a la condición de diputado no adscrito, causando baja en el Grupo Popular”. En la misiva también quiso “dejar constancia de que en el caso de prosperar el recurso ante el comité de derechos y garantías del PP” volvería a pedir su reincorporación.

El problema es que con su petición de convertirse en diputado no adscrito, Blasco también estaba renunciando a su militancia en el PP. Y con el clima de crispación existente no parece fácil que la vuelva a conseguir.

Este viernes, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, y el consejero de Gobernación y secretario regional del PP, Serafín Castellano, se pronunciaron sobre las denuncias presentadas por una denominada Asociación contra la Corrupción. Una de ellas se dirige contra Alberto Fabra —supuestamente por contratar irregularmente dos asesores como alcalde de Castellón— y otra contra Castellano —por contratar asesores— a quien también han presentado una querella por adjudicar contratos a una constructora.

El Consell no logra echar a la gerente imputada de la Luz de las Imágenes

Preguntado por la posibilidad de que los últimos movimientos de Blasco y la presentación de las denuncias de la citada asociación estuviesen relacionadas, Ciscar afirmó: “Yo no creo en las casualidades”. Y añadió: “No quiero decir que me refiera a alguna persona en concreto porque no tenemos constancia, pero hay muchos puntos oscuros en esta asociación”.

Ciscar aseguró que estas denuncias no prosperarán y recalcó que si alguien piensa que con estas iniciativas variará la política de tolerancia cero contra la corrupción está equivocado.

Sin embargo, cumplir “a rajatabla” con las líneas rojas marcadas contra la corrupción encuentra más obstáculos de los previstos.

El patronato de la Fundación de la Luz de las Imágenes ratificó a la gerente Carmen Díaz Quintero, apenas un día después de declarar como imputada en el caso Gürtel por contratar con Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

En la reunión, según explicó este viernes Alberto Ibáñez, de Compromís, Díaz Quintero no solo no presentó la dimisión, sino que fue ratificada.

La consejera de Educación y Cultura, María José Català, y el vicepresidente del Consell, José Ciscar, anunciaron a finales de mayo, tras conocerse la imputación, que reclamarían la dimisión de Díaz Quintero.

Ibáñez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vila-real y miembro del patronato, explicó que el representante de Cultura tuvo “un papel laxo y de puro trámite” y la gerente recibió el apoyo total de las instituciones gobernadas por el PP y el clero.