El juez de Emarsa pide datos sobre una reunión de los principales imputados

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo, ha solicitado a la Diputación de Valencia el libro de visitas del año 2005 para comprobar si hubo una reunión entre el exvicepresidente de la Corporación provincial y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo; el exgerente de la entidad, Esteban Cuesta; el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla; y el exjefe de Explotaciones, Ignacio Bernácer.

El magistrado ha acordado esta medida después de que Esteban Cuesta, en su declaración del pasado 24 de mayo para aclarar una autodenuncia que había presentado, indicara que hubo una reunión en 2005, en el "despacho de la Diputación" de Crespo, a la que supuestamente asistieron ellos, Morenilla y Bernácer, y en ella se le dijo que iba a haber un "sobrecoste" de lodos, y que ese dinero tenía que ser repartido para los cuatro que estaban presentes.

Tras esta afirmación, el letrado de José Juan Morenilla presentó un escrito en el juzgado para que se acordara pedir a la Diputación el libro de visitas, solicitud a la que se adhirió el abogado de Enrique Crespo.

El magistrado ha acordado aceptar esta petición para determinar si existe o no constancia documental de reuniones que hubieran podido tener lugar en 2005 en el despacho de la Diputación de Enrique Crespo, entre las personas a las que aludió Cuesta en su declaración.

Por otro lado, también como consecuencia de la declaración de Cuesta, el abogado de Morenilla hizo otras dos reclamaciones: que se tomara declaración a todos los miembros de los consejos de administración de Emarsa en el periodo objeto de investigación; y que se oficiara a la Epsar, la sociedad autonómica de depuración, para que identificara al personal de recepción de la entidad y, una vez identificado, se le tomara declaración.

El primer aspecto lo rechaza, mientras que admite el segundo. Respecto al primero, señala que "no ha lugar" por cuanto que estas diligencias son "manifiestamente innecesarias" a los fines de la instrucción en curso, "y solo pueden redundar en una indebida dilación en la finalización de esta fase de instrucción".

En este sentido, recuerda que en su declaración, Cuesta dejó constancia de que la intervención de los consejeros de Emarsa se limitó a decirle que siguiera contratando como se había hecho, "y sin que exista la menor constancia de que los consejeros tuvieran conocimiento alguno de que los expedientes de contratación de distintos proveedores fueran un mero artificio para dar la apariencia de que se cumplía con la normativa legal".

En otra providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana-, los abogados del jubilado de Aldaia, Vicente Gil, y sus dos hijos, Vicente José y María Yolanda Gil Blay, se oponen a que el juez se inhiba a favor de la Audiencia Nacional en la investigación sobre sus representados, recogida en la pieza número siete.

Estas tres personas están acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales ya que, al parecer, recibían dinero del fugado y en la principal causa Jorge Ignacio Roca Samper.

Vicente Gil y sus hijos, propietarios de dos fábricas ubicadas en Aldaia -Abanicos Gil y Blay y Creaciones Coscollar-, ya estaban imputados en la causa principal, pero luego se abrió una pieza separada para investigar los hechos en los que podrían estar relacionados.