Irregularidades en las cuentas de Alcalá de Henares en 2010

La Fiscalía ha dirigido una solicitud al Tribunal de Cuentas para que abra diligencias a fin de determinar las responsabilidades por las irregularidades detectadas en las cuentas de Alcalá de Henares. Tras examinar el informe de fiscalización del ejercicio de 2010 de la tercera ciudad de la región (204.000 habitantes), sus empresas y organismos autónomos realizado por la Cámara de Cuentas, el Tribunal considera que se encuentra ante “hechos de los que se pueden derivar la existencia de responsabilidad contable”. El entonces alcalde era Bartolomé González (PP), actualmente diputado regional y vicesecretario del Partido Popular de Madrid. El Ministerio Fiscal entiende que las irregularidades descritas “pueden dar lugar a que se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados”. Por ello, insta a la sección de enjuiciamiento a que tramite las actuaciones previas y proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un Delegado Instructor. Según la Cámara de Cuentas, Alcalá tenía en 2010 una deuda de 318 millones de euros.

Por ejemplo, sobre la gestión de personal se destaca que “en el ejercicio 2010 se ha sobrepasado en 1.245.440 euros el límite a la cuantía global” del complemento de productividad presupuestado para los funcionarios municipales. El Tribunal también se fija en el importe conjunto de los servicios relacionados con la confección de carteles, talonarios, sobres, folletos y guías, así como la suscripción y publicidad por inserción de anuncios en prensa gráfica. La cantidad ascendió a 1.462.170 euros, “que representa el 58% del importe total de las facturas registradas sin contrato”. En este grupo de prestaciones el gasto “objetivamente más representativo” es de publicidad de anuncios y eventos municipales, por el que se facturó “sin que conste la existencia de los correspondientes contratos”, el importe de 1.009.090 euros entre cinco empresas (una se llevó 579.587 euros).

En la gestión de la tesorería “se ha detectado la existencia de al menos 19 cuentas abiertas a nombre del Ayuntamiento (tres de ellas cuentas bancarias internas) con un saldo a 31 de diciembre de 2010 de 272.866 euros”. Dichas cuentas “no están incluidas en el certificado del tesorero ni en los registros contables, sobre las que no consta que los responsables de la corporación ni la intervención municipal ejerzan ningún control. En ellas figuran como disponentes personas diferentes a las autorizadas en el Ayuntamiento y no han sido abiertas por las personas habilitadas al efecto”.

El Ministerio Fiscal entiende que las irregularidades “pueden dar lugar a que se  plantee la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados

Respecto al estudio de la ejecución y cumplimiento de los contratos, al Tribunal le llama la atención que la junta de gobierno local concediera en sucesivas sesiones “hasta seis prórrogas” a un contrato, “previa solicitud del contratista, que seguía aduciendo el retraso de la ejecución por inclemencias metereológicas” y problemas en el suministro de los materiales que había prometido como mejoras en la adjudicación.

El órgano de contratación decretó la imposición de las penalidades correspondientes por considerar “que los retrasos eran imputables al contratista”. Resulta que en el expediente “no se conserva el acuerdo con la liquidación de las obras con el saldo final resultante por las penalidades que se impusieron al contratista, ni si se hizo efectivo el pago”.

Respecto a la empresa municipal Cementerio Jardín de Alcalá, en el epígrafe de otros gastos de explotación figuran registrados 165.330 euros correspondientes a las retribuciones abonadas por la compañía a Funespaña en virtud del contrato firmado entre ambas en 1994. Funespaña prestaría servicios de asesoramiento y cooperación en la gestión de la sociedad a cambio de un 20% de los beneficios mensuales antes de impuestos del Cementerio Jardín de Alcalá. “Sin embargo, el gasto registrado supera en 33.089 euros el 20% del resultado del ejercicio 2010 antes de impuestos, importe que debería ser reintegrado por Funespaña”.

Otro caso llamativo para el Tribunal de Cuentas es que no se justificaron 2.412 euros de una tarjeta de crédito del Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo.

Para el portavoz municipal del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, “el tiempo va dando la razón sobre la importancia del informe de la Cámara de Cuentas. Es evidente que el Tribunal de Cuentas no comparte las palabras del alcalde actual, el señor Javier Bello, que afirmó que la gestión de 2010 había sido correcta ni la de la portavoz de IU, Pilar Fernández, que dijo que el informe de la Cámara de Cuentas no cambia la situación".

Según el concejal socialista Fernando Fernández Lara, las irregularidades "no son solo parte de un pasado del que se debe rendir cuentas, sino que se siguen produciendo en la actualidad. De hecho, el actual alcalde Javier Bello y los ocho concejales de la Junta de Gobierno han aprobado en las sesiones de 2 de abril, 13 de mayo y 27 de mayo de este año pagos para publicidad con informe negativo del Interventor Municipal por valor de más de 200.000 euros”.

El portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Alcalá, Anselmo Avendaño, también ha reclamado que el PP aclare las dudas sobre las cuentas. “Nuestra constancia en exigir que se aclarasen estas situaciones y que se depurasen responsabilidades, unido a nuestro apoyo a una moción de censura contra esta Junta de Gobierno del PP, ha sido respondida con una campaña de calumnias y ataques personales para intentar desautorizarnos", ha expresado.

El PSOE (nueve concejales) y UPyD (dos) acordaron presentar una moción de censura contra el PP (12), para la que necesitaban el respaldo de Izquierda Unida (tres), que finalmente se negó a hacerlo. La decisión de IU de desmarcarse de la moción y esperar a las elecciones municipales de 2015 -de la que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, también se mostró partidario- fue celebrada por el PP madrileño. En 1995, los populares ya gobernaron en minoría con 11 concejales (38% de los votos) frente a los nueve del PSOE (29%) y los siete de IU (24%), que acabaron dispersos. Bello sacó adelante el pasado mayo los presupuestos de 2013 gracias a la abstención de IU y España 2000 (un concejal, de ultraderecha).