Una segunda oportunidad por decreto

El único reto que se planteó Ana María Gómez cuando su exmarido abandonó la vivienda familiar, hace cinco años, fue sacar a sus dos hijos adelante. El pequeño tenía entonces tres meses y cinco años el mayor. El hombre con el que había estado casada se esfumó casi sin dar explicaciones y dejó como herencia una hipoteca. Desde entonces, esta malagueña de 42 años se ha visto con el agua al cuello en muchas ocasiones y ha estado a punto de perder su vivienda. Pero su historia tiene, por ahora, final feliz. Gómez exhibía este lunes el documento que le permitirá mantener la casa, por lo menos, los próximos tres años. Es la primera beneficiada en Málaga, junto a una familia numerosa, del decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. Esta norma ya se ha aplicado hasta ahora en siete casos en distintas provincias andaluzas.

Ana María Gómez tiene un contrato de dos horas al día como dependienta en una tienda. Ha limpiado casas y portales y ha cuidado a personas mayores, trabajos que coge cada vez que puede para engordar sus ingresos. Pero no llega a final de mes y no habría podido sostenerse sin apoyo familiar. Ni sin ganas de luchar. "Me he ido informando sola; lo que veía en la tele, lo que he leído". Recurrió a una abogada de oficio y la recompensa a todo el esfuerzo ha sido este "pequeño respiro".

El problema con el banco surgió porque la casa, comprada hace 10 años, está a su nombre y al de su exmarido, que no ha asumido su parte. Ella no llegaba para pagarlo todo. Las negociaciones con la entidad bancaria han transcurrido en paralelo a un divorcio complicado en el que Gómez ha tenido que recurrir al juzgado en infinitas ocasiones por el impago de la pensión a los niños. En cinco años ha recibido de su exmarido 400 euros.

El lanzamiento de su familia del hogar, ubicado en el populoso Camino de Suárez de Málaga, estaba previsto para el 13 de junio, aunque se paralizó tras acogerse a la moratoria concedida por el Gobierno. En medio de este proceso, se aprobó el decreto de la Junta y, tras pedir acogerse a él, la Consejería de Fomento le comunicó hace un par de semanas que su expediente recibiría luz verde. Ya está hecho y ahora tendrá que hacer frente a un alquiler social que asciende al 25% de sus ingresos, un alivio para su bolsillo.

Gómez quiere ahora más estabilidad laboral, pero ha ganado una batalla: “Quiero ser un ejemplo para los niños; hay que luchar y no esconderse”.