Un juzgado pone bajo la lupa la privatización sanitaria de Madrid

El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Y, a juzgar por la extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa que solicita el juez, lo hará de manera exhaustiva. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos Afem, una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria, por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Además, ha citado a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños— señala las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

“Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín”, afirmó este viernes el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty en unas declaraciones grabadas y difundidas por su Gabinete. “Es un acto puramente de trámite”, añadió. Capio y Ribera Salud declinaron comentar las imputaciones.

El auto judicial llama a declarar a cuatro testigos, también altos cargos de Sanidad pero de perfil más técnico, y requiere información detallada. Pide, por ejemplo, al Registro Mercantil que identifique a los accionistas o socios de empresas relacionadas con Capio (ahora IDC Salud), la empresa líder en gestión privada de sanidad pública en Madrid: Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops, S. L. También dirige una comisión rogatoria a Luxemburgo para que sus autoridades informen de los accionistas, socios y apoderados de HC Investments BV, la empresa con la que termina el rastro de compañías accionistas de Capio en el Registro Mercantil español.

Los denunciantes destacan las vinculaciones entre cargos políticos y las empresas que se han beneficiado del proceso

La querella presentada por los médicos insiste en los aspectos económicos, en concreto en “la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros”. Según los contratos, los hospitales de gestión privada son penalizados si los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros centros de la red pública. Los médicos aseguran que la Consejería de Sanidad no disponía hasta el pasado mes de abril de mecanismos de control de esa facturación intercentros, por lo que dudan de que la Administración pública estuviera realmente cobrando esas asistencias a las empresas.

El magistrado requiere a los gerentes de 13 hospitales, de gestión pública y privada, la facturación intercentros detallada de los años 2010, 2011 y 2012. Se trata de información que los partidos de la oposición en el Parlamento regional han solicitado a la Consejería de Sanidad, pero que esta no ha divulgado o no lo ha hecho de forma desglosada. Ese detalle es el que ahora requiere el juez. A los centros de gestión privada (Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, Móstoles y Torrejón), por ejemplo, se les pide “la relación circunstanciada de pacientes asignados a sus áreas” atendidos en otros centros.

Estos datos son muy relevantes para los múltiples recursos que se acumulan en los juzgados contra el proceso privatizador actual de seis hospitales inaugurados en 2008. Tanto Afem como los partidos de la oposición aseguran que la cápita (dinero que paga la Administración a la empresa por paciente y año) que ha establecido el concurso es superior al coste real que suponen ahora estos centros para el erario público, por lo que no existiría ningún ahorro, más bien al contrario, en su paso a manos privadas. La facturación intercentros es básica para conocer el presupuesto real que manejan estos hospitales. Afem también denuncia “el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes” hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas de Sanidad.

El PP destaca que los hospitales externalizados logran un 95% de satisfación de sus pacientes

La querella se detiene asimismo en los casos de puerta giratoria en la sanidad madrileña. Los dos exconsejeros de Sanidad tienen o han tenido intereses en la sanidad privada tras abandonar sus cargos. Güemes renunció en enero pasado a su puesto en la empresa Unilabs tras conocerse que esta poseía los laboratorios de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato. Lamela acumula cargos en empresas y fundaciones dedicadas a la sanidad como negocio. Antonio Burgueño, nombrado por Güemes en 2008, trabajó durante años para empresas del sector. Por ejemplo, asesoró a Capio en la apertura del primer hospital que copiaba en Madrid el controvertido modelo Alzira, en 2007.

Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara  Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.

Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem  son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio. Forma parte, entre otras cosas, del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios de gestión privada del hospital del Tajo en Aranjuez, que se licitó mediante una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.

En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.

Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.

Los médicos denuncian que hospitales de gestión privada "atraen pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado Call Center fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el SERMAS, viniendo obligados estos últimos a pagar la prestación sanitaria realizada. La elección del centro en ocasiones ha sido voluntaria por parte del paciente, pero en otras se ha producido coacciones o engaños", según recoge el auto del juez. Este diario relató en enero pasado cómo médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema de derivaciones a clínicas privadas de la Consejería de Sanidad. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se “presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos.

Para Fernández-Lasquetty, la admisión de la querella no significa "ningún tipo de decisión", sino simplemente que el juez "lo va a examinar; es un acto puramente de trámite". Recordó que se trata de "hospitales públicos que llevan ya años atendiendo a miles de madrileños", en Torrejón, Valdemoro y Móstoles, y lo están haciendo con "un extraordinario nivel de calidad y una satisfacción de más del 95%" de los usuarios. "Por tanto son hospitales que están cumpliendo muy bien su labor al servicio de sanidad pública madrileña", subrayó, antes de añadir que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a concurso para su construcción, se hizo con arreglo a los principios de la ley, con toda transparencia y toda legitimidad".

El auto del magistrado Sexmero admite la personación de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción popular". En cambio, el juez rechaza la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha instado este viernes a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de "privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública tras la admisión de una querella sobre posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004. El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Rubén Bejarano ha pedido al presidente regional, Ignacio González, "paralizar de forma urgente el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños a la vista de que el Juzgado Número 4 ha admitido a trámite la querella contra la cúpula que inició la privatización de la sanidad en el año 2003".