Los jueces dejan a tres consejeros de Camps a un paso del banquillo

Tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano despejaron este martes el camino para el primer juicio sobre el presunto saqueo de las arcas de la Generalitat por parte de la trama Gürtel. Los jueces de la Sala Civil y Penal rechazaron en un auto los recursos de 14 procesados por uno de los negocios más lucrativos en Valencia para la banda de Francisco Correa: las adjudicaciones, supuestamente amañadas, del diseño y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009, por un importe cercano a los cinco millones de euros.

Tres de los procesados fueron consejeros en la etapa del expresidente Francisco Camps. Milagrosa Martínez, apodada La Perla por la trama corrupta, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó 11 años de prisión en enero y que pese a ello se ha mantenido como diputada autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante). Angélica Such, para quien el ministerio público pidió 10 años de inhabilitación y que también sigue siendo diputada en el Parlamento autonómico. Y Vicente Rambla, que además de consejero fue vicepresidente de la Generalitat, sigue de diputado y la fiscalía no lo acusa, pero el PSPV-PSOE sí.

La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Milagrosa Martínez y 10 de inhabilitación para Angélica Such

La pieza de Fitur es una de las seis que componen la rama valenciana de Gürtel. Una vez que los recursos contra los procesamientos han sido rechazados, en los próximos días o semanas el magistrado que instruye la causa, José Ceres, abrirá el juicio oral. Es altamente improbable, sin embargo, que el juicio se celebre antes del verano.

La Fiscalía Anticorrupción no acusó a Rambla, lo que trasladó la impresión de que era difícil que llegara a sentarse en el banquillo por esta pieza (está imputado en otras dos, que versan sobre financiación ilegal). Los jueces, no obstante, rechazan el recurso del número dos de Camps en la Generalitat y dejan pistas que apuntan a que Rambla puede ser efectivamente juzgado por las adjudicaciones de Fitur.

Los jueces repasan los indicios que pesan sobre él, admiten “que pueden ser de una menor entidad” que los que existen contra otros imputados, y añaden: “Nos encontramos, no ante hechos aislados, sino ante una trama tendente a la adjudicación continuada de estos eventos que se llegan a calificar como de ‘naturaleza política de la máxima relevancia’, que precisamente por su generalización y eventual relación con el partido en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, hace sospechar la existencia de un elemento aglutinador ajeno a la Agencia Valenciana de Turismo, del que partan las diferentes directrices e instrucciones con el fin de que se introduzcan las alteraciones necesarias para lograr” que las adjudicaciones fueran siempre para Orange Market, la empresa que regentaba Álvaro Pérez, El Bigotes.

Se trata de la primera vez que los jueces valencianos destacan la abrumadora presencia de la trama a lo largo y ancho de la Administración autonómica, y plantean la existencia de apoyos del más alto nivel que abrían al Bigotes las puertas de los despachos oficiales. La rama valenciana de Gürtel tiene cerca de 60 imputados, la mayoría de ellos cargos y funcionarios de 17 departamentos y empresas de la Generalitat, acusados de haber torcido la ley para beneficiar a Orange Market y otras empresas del grupo de Francisco Correa.

Los jueces que firman la resolución, y que incluyen a la presidenta del Tribunal Superior, Pilar de la Oliva, añaden que la “existencia de indicios” contra Rambla “impone que se arbitren los mecanismos procesales adecuados para que pueda ventilarse con total amplitud, y tras su valoración contradictoria decidir lo procedente”. Esto es, fórmulas jurídicas que apuntan a la conveniencia de que el exvicepresidente también sea juzgado.

La sala avisa de que la condena a Rafael Betoret por cohecho en el caso de los trajes puede “llegar a emplearse como un indicio más contra él”.

Y los magistrados también desestiman los recursos de los cabecillas de la trama, Correa y Pablo Crespo. Ante su intento de paralizar el proceso en tanto se resuelvan recursos en la Audiencia Nacional contra los pinchazos telefónicos, los jueces responden que están “investidos de suficiente autoridad para valorar de una forma directa hasta qué punto esa nulidad” afectaría, llegado el caso, al resto de la investigación.