Jerez anula la designación de 93 funcionarios que Pacheco ordenó en 1987

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, gobernado por la popular María José García Pelayo, ha declarado nulo un decreto firmado en 1987 por el entonces alcalde, Pedro Pacheco, que nombraba funcionarios a 93 empleados municipales, de los cuales 44 siguen en activo. El Ayuntamiento ha informado de que ha dictado esta resolución en aplicación del dictamen que el Consejo Consultivo de Andalucía le ha remitido, informa Efe.

El dictamen, que es preceptivo, pone en evidencia que “la adjudicación de puestos de funcionario se hizo al margen de todo procedimiento selectivo con infracción de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad” por lo que concluye que los nombramientos fueron ilegales por concurrir en ellos “causa de nulidad de pleno derecho”.

El expediente para declarar nulos estos nombramientos se inició tras detectar la Delegación de Personal la existencia de esta resolución que hacía funcionarios a 93 empleados laborales sin que constase que se les hubiera hecho ninguna prueba selectiva y que, además, “iba acompañada de un informe del por entonces secretario general del Ayuntamiento que advertía de la ilegalidad del proceso”, apunta el actual equipo municipal.

Caso omiso

A pesar de esta advertencia expresa, el exalcalde andalucista “haciendo caso omiso de la misma, firmó el decreto ilegal”, dice el Consistorio. El inicio de este procedimiento fue aprobado por el pleno municipal, que lo remitió al Consejo Consultivo para que emitiese un informe. “Estamos cumpliendo con nuestra obligación de denunciar cualquier ilegalidad que detectemos”, ha señalado el delegado de Personal, Javier Durá. Este se ha reunido con un grupo afectados para explicarles que ahora volverán a ser personal laboral, conservando sus actuales retribuciones y puestos actuales.

El pasado mes de mayo, Pacheco fue condenado a cuatro años y medio de prisión y a ocho de inhabilitación por colocar de manera irregular a dos compañeros del partido como asesores en sociedades municipales del Ayuntamiento de Jerez entre 2005 y 2007. La Audiencia de Cádiz sostuvo que el exalcalde cometió un delito continuado de prevaricación y uno de malversación al fichar a estos cargos de confianza “a sabiendas de que infringía la ley”.