Desarticulada una red de matrimonios de conveniencia con 70 detenidos
La banda captaba a mujeres por toda la región para casarlas con marroquíes
![F. Javier Barroso](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0cf5fb59-eab8-46c8-bcca-f112a1a7846c.png?auth=a4a5a56abc078449e8165721b2b449479e5bd0384d1cd2f70900262c80af7937&width=100&height=100&smart=true)
Casi cinco meses de investigación del puesto de Tres Cantos de la Guardia Civil han permitido desarticular a un grupo dedicado a montar matrimonios de conveniencia entre españoles y marroquíes. Los agentes del instituto armado entraron ayer en varios domicilios de la región y detuvieron a cerca de setenta personas, en su mayoría mujeres, que habían pactado casarse con inmigrantes a cambio de dinero, según fuentes de la investigación. La operación aún no está cerrada, por lo que podrían producirse más arrestos en los próximos días. Los agentes esperan llegar al centenar.
Las pesquisas comenzaron a raíz de una denuncia puesta por un afectado en el puesto de Tres Cantos. Los agentes del Área de Investigación fueron comprobando que había un grupo de mujeres que estaban relacionadas con un despacho de abogados de la calle de Rodríguez San Pedro, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Los guardias descubrieron que algunas de esas mujeres repetían como testigos en diversos enlaces matrimoniales. Además, también coincidía que ellas mismas se habían casado hacía unas semanas.
Grupo de captadores
El despacho de abogados era el encargado de tramitar toda la documentación y de presentarla en el Registro Civil, según fuentes de la investigación. De hecho, los investigadores ya estaban detrás de uno de los integrantes de la banda porque había sido acusado de ejercer como abogado pese a no tener el título universitario ni estar colegiado. La banda estaba formada por una decena de personas. Algunas de ellas, según los agentes, se dedicaban a captar a mujeres por el extrarradio de la capital. Principalemente se casaban con marroquíes, pero la Guardia Civil también han encontrado algunos casos en los que aparecen ciudadanos de origen sudamericano.
Con estos matrimonios, el contrayente conseguía la tarjeta de residencia con lo que podía trabajar sin ningún problema en la Unión Europea. En la investigación también han participado especialistas de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, según fuentes judiciales.
Los agentes de Tres Cantos presentaron sus investigaciones en el juzgado y el magistrado encargado del caso permitió el seguimiento y el rastreo de todos los presuntos autores hasta que dieron con todo el entramado. Las mujeres cobraban una cantidad que oscilaba entre los 3.000 y los 6.000 euros. Cada vez que actuaban como testigo, ingresaban un cantidad adicional.
La Guardia Civil desarrolló ayer el grueso de la operación en diversos municipios de la Comunidad de Madrid. Además del despacho de Moncloa, registró un domicilio en Getafe, otro en Parla y un tercero en Fuenlabrada, además de dos en Horcajo de la Sierra. Al ser una operación tan amplia, necesitó de colaboración de diversas policías locales para realizar las detenciones. Estas se produjeron, además de en los municipios citados, en otros como Leganés, Móstoles, Pinto, Fuenlabrada y San Martín de la Vega, entre otros.
Fuentes del instituto armado explicaron que la organización había utilizado los resquicios de la ley, en especial de los registros civiles, para vulnerar la ley y poder efectuar los matrimonios de conveniencia. La mayoría de los detenidos son mujeres, que quedaran en libertad con cargos confome les sean leídos sus derechos y se acaben los interrogatorios, según fuentes de la investigación. En general, se las acusará de cooperadoras necesarias para los enlaces matrimoniales.
Una de las principales medidas de esta operación es que los matrimonios quedarán anulados en los próximos días y los contrayentes perderán la nacionalidad española, además de las responsabilidades penal y civil en que hubieran podido incurrir.
Estos delitos están recogidos en el artículo 217 y siguientes del Código Penal, que suponen penas de prisión de hasta dos años en los casos más graves. Además de los matrimonios falsos, los integrantes de la organización también podrían ser acusados de asociación ilícita.
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