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Más oxígeno ante los desahucios

Cuatro asociaciones independientes de abogados prevén federarse al margen de los colegios para aunar propuestas ante las ejecuciones hipotecarias

Javier Martín-Arroyo
Protesta de la plataforma Stop Desahucios en Sevilla.
Protesta de la plataforma Stop Desahucios en Sevilla.paco puentes

La crisis ha generado dramas personales pero también ha removido conciencias. Y en algunos colectivos como los abogados este revulsivo ha servido para proporcionar armas a los ciudadanos que se enfrentan a los bancos en la batalla de las hipotecas y pelear en igualdad de condiciones. O al menos, para paliar la gran desigualdad entre equipos de abogados expertos y damnificados sin una mínima idea de cómo afrontar las ejecuciones hipotecarias desde el punto de vista legal. Los protagonistas de estos dramas suelen haber perdido sus recursos económicos o los han visto muy reducidos, y el pago de un abogado para lograr la defensa necesaria y tener opciones frente a las entidades bancarias representa un mundo.

Este lunes acaba el plazo de un mes para aquellos que sufran un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria y quieran alegar cláusulas abusivas en la hipoteca para evitar el desahucio. Durante las últimas semanas ciertos equipos de letrados, en paralelo a los servicios gratuitos de orientación jurídica de los Colegios de Abogados e incluso a través de asociaciones como Cruz Roja o Cáritas, han arrimado el hombro para exprimir las posibilidades de estas familias desesperadas.

Uno de estos frentes ha sido la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais), que pelea por “la dignidad de los derechos de los ciudadanos tras los recortes”. Los letrados se han propuesto multiplicar los esfuerzos para que el drama hipotecario cuente con más abogados especializados, ya que los resortes de la ley a los que agarrarse no son siempre sencillos y conocidos. Más aún con los cambios legislativos en marcha en esta materia.

Los letrados piden cursos de especialización ante las cláusulas abusivas

“Asesoramos a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla para llevar a cabo una acción conjunta”, resume el presidente de esta asociación, el abogado José Manuel Carrión, quien ha apelado al Colegio de Abogados de Sevilla. “Hemos presentado propuestas, pero hemos tenido el silencio como respuesta”, protesta este letrado. Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, alega que contestará la reclamación, pero que las iniciativas actuales son suficientes.

Mientras Carrión lo plantea como una especialización dentro del turno de oficio gratuito de asuntos civiles a través de cursos para los abogados, Gallardo lo ha entendido como la petición de un turno de oficio específico como ya existe en violencia doméstica o asuntos de extranjería. “Hay que especializarse para oponerse a las cláusulas abusivas y así evitar el ‘aquí no hay nada que hacer’. Se trata de uno o dos cursos”, matiza Carrión, que alega que ya existe en Córdoba una comisión colegial al respecto. Gallardo responde que han organizado “muchísimas actividades formativas, pero ellos pedían un turno de oficio específico”.

El caso es que la creación de este turno específico sobre desahucios e hipotecas requiere recursos por parte de la Junta. Y por ahora la Consejería de Justicia no ha recibido ninguna petición oficial por parte de los colegios. A pesar de los recortes, la consejería avanza que ve con buenos ojos la propuesta: “De plantearse esta iniciativa, nos parece plausible. Hasta la fecha la consejería no tiene constancia de ninguna queja de ciudadanos que no hayan sido atendidos por problemas de este tipo”, matiza un portavoz.

El presidente de los abogados sevillanos responde que el servicio de orientación jurídica de los colegios profesionales ya atiende este servicio y que la respuesta de las instituciones —al margen de la Junta—, como el Ayuntamiento de Sevilla, para poner este turno de oficio, ha sido nula.

El grupo lo integran 200 profesionales de Córdoba, Huelva, Sevilla y Granada

Este cruce de reproches entre asociaciones independientes de abogados y los colegios es el resultado de tensiones reproducidas en diferentes provincias. Y fruto de este descontento cuatro asociaciones de Córdoba, Huelva, Sevilla y Granada, que representan a unos 200 abogados, van a constituir este año una federación a modo de contrapoder. Manuel de la Torre, presidente del Foro de Abogados Independientes de Granada, reclama su poder de acción: “Las reclamaciones no son solo del turno de oficio [por los atrasos en los pagos de la Administración], sino en nuestras relaciones con los tribunales y centros de detención (…) Peleamos porque se dignifiquen las condiciones de precariedad. No tenemos que soportar atender en un pasillo y no tener un sitio reservado, y que todo el mundo oiga los consejos privados a tu cliente. A veces tienes incluso que atender a cuatro justiciables”.

Desde Huelva Felipe Garoña representa a 110 abogados y considera que a pesar de la independencia tradicional de la que hacen gala los abogados, en momentos como este es necesario su unión. “No pretendemos una plataforma paralela a los colegios, sino fomentar y hacer presión para que los abogados nos pongamos de acuerdo para los nuevos retos”.

Entre estos Garoña destaca el borrador de anteproyecto de la ley de colegios profesionales que prevé dejar solo uno por comunidad y los sistemas de pagos y baremos de las Administraciones. “Han reducido lo que ya no podía reducirse”, dice sobre los pagos de la Junta a los abogados para la asistencia jurídica gratuita a las familias con menos recursos.

De la Torre carga contras los colegios de abogados: “Los órganos para defender la profesión no cumplen su cometido. Y luchamos contra el oscurantismo de estos órganos (...) Pretendemos que la sociedad no capte solo la reivindicación económica, solo queremos puntualidad en los pagos”, protesta.

La Junta ha abonado a los 7.000 abogados del turno de oficio recientemente seis millones por la mitad del último cuatrimestre de 2012, en un esfuerzo por ponerse al día tras históricos retrasos que provocaron la protesta de todos los profesionales. En caso de plantearse, la creación de un nuevo turno de oficio sobre el problema de las hipotecas resulta difícil mientras que la reactivación del servicio de asistencia jurídica en las cárceles andaluzas siga pendiente.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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