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OPINIÓN

Las trampas del soberanismo

El Gobierno de CiU está incumpliendo sus deberes constitucionales

En Barcelona, según informaron diversos medios, “se detectaron 2.865 niños con una alimentación deficiente”. Y seguía, “según un estudio de Unicef del año pasado, la pobreza infantil pasó en Cataluña del 18,5% en 2008 al 23,8% en 2010”. Son cifras que reflejan una realidad espeluznante. A las que hay que añadir otras dramáticas realidades, la de quienes sufren desde que gobierna CiU sus políticas antisociales, acordadas, como la reforma laboral, en su estrecha alianza con el Partido Popular y aquí, en Cataluña, con el apoyo de su acólito, Esquerra Republicana. Menores desnutridos, jóvenes en paro, supresión de becas escolares, familias expulsadas de sus viviendas, enfermos que sufren una auténtica denegación de asistencia sanitaria, profesionales sanitarios, de la educación o funcionarios con sueldos congelados o en paro, reducción o privatización de servicios públicos esenciales como la sanidad; es decir, un poder político catalán, que aplica brutalmente las políticas propias de la derecha económica y europea.

Menores desnutridos, jóvenes en paro, supresión de becas escolares, familias expulsadas de sus viviendas...

Este es el presente, el mañana y, desgraciadamente, el futuro inmediato. Pero el Gobierno de CiU, caracterizado desde los Gobiernos pujolistas por la ausencia de ética pública y asediado, como entonces, por la corrupción, trata de engañar y confundir a la ciudadanía trasladando la responsabilidad de esa situación a esa realidad que, simplificándola, llama España. Como si los ciudadanos españoles no estuvieran sufriendo tanto o más que los catalanes los efectos de la destrucción del Estado de bienestar. Cuando el principal enemigo del pueblo catalán es su propio Gobierno, el de CiU. Que afronta esta dramática situación, como ha dicho recientemente la Plataforma de Federalistes de Esquerra, desde una “lógica deliberadamente tramposa”. El presupuesto es evidente. El Gobierno de CiU está incumpliendo de forma flagrante sus deberes constitucionales y estatutarios de impulsar “un orden económico y social justo”. Por tanto, sin exceso alguno, puede decirse que es un Gobierno no solo antisocial sino antidemocrático. Sobre todo, porque, lejos de preguntar o consultar a los ciudadanos si están o no de acuerdo con sus políticas económicas y sociales, en cuanto afectan de manera directa a su derecho a “una digna calidad de vida”, trata de engañarlos planteándole cuestiones esotéricas sobre algo tan vago y lejano de la actual realidad como el futuro encaje de Cataluña y España. Parece que al Gobierno conservador de CiU ese proyecto es más decisivo que la carencia absoluta e inmediata de los ciudadanos de la facultad de decidir sobre derechos fundamentales, como el trabajo, la vivienda... Es más que una trampa, constituye una agresión a los derechos humanos del pueblo catalán, que podría denunciarse ante los organismos internacionales.

Pero la trampa es doble, porque el Gobierno de CiU y su sumiso aliado, “saben que en el actual marco constitucional no es posible preguntar a la ciudadanía de Catalunya de forma clara e inequívoca…” sobre la pretendida secesión, ya que como bien dice el citado Manifiesto, “una consulta al margen de la ley es un acto de insumisión…” además de, habría que añadir, antidemocrática.

No sabemos cómo será el mañana, pero mientras tanto, nuestro presente, está inundado de ejemplos del desgobierno, como el hospital de Sant Pau

Además, en la actitud del Gobierno de CiU concurre una grave vulneración de reglas democráticas. Ante una consulta de esta trascendencia, es exigible que el Gobierno que la convoca guarde una completa neutralidad ante las distintas opciones en juego, la definición de la relación Cataluña-España, para garantizar el máximo respeto al proceso de decisión de los ciudadanos sobre la opción que, en su momento, decidieran tomar. De tal forma que se asegurara un equilibrio entre las opciones en juego. Nada más lejos de la realidad. Ya se han adelantado, y en un ejercicio de autocracia y de menosprecio de la voluntad popular dan por resuelta la consulta, tan lejana como incierta, a favor de la secesión; así lo expresan todos los dirigentes, que disponen del control de casi todo el aparato mediático, incluido TV-3, hasta constituir un consell assessor que prepara las futuras estructuras del llamado Estado propio y distinto al del Estado español. Por el contrario, ¿de qué medios disponen ya quienes, llegado el caso, optarían por una Cataluña solidaria, vinculada a España, con una autonomía real garantizada constitucionalmente? Un ejemplo muy significativo. Convergència participa —a través de su Fundación CatDem, investigada por corrupción— en el documental L’Endemà, producido por Isona Passola, que constituye una auténtica apología de la independencia; para ese fin, la crisis no les ha impedido recaudar 348.000 euros de quienes califican como mecenas.

No sabemos cómo será el mañana, pero mientras tanto, nuestro presente, está inundado de ejemplos del desgobierno, como el hospital de Sant Pau hundido por la corrupción.