Baltar se sentará en el banquillo pero esquiva una condena de cárcel

No tendrá que enfrentarse a una posible condena de cárcel, pero se sentará en el banquillo acusado de ejercer el caciquismo del que alardeó durante años aunque ceñido a la contratación irregular, en el entorno del congreso provincial del PP de 2010, de 104 personas mediante una supuesta prevaricación con la que pudo legar a su vástago la presidencia provincial del partido. José Luis Baltar ya ha agotado, sin éxito, todos los recursos contra el auto del juez instructor, Leonardo Álvarez, que encontró indicios suficientes de este delito en la denuncia presentada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, a instancias del grupo del PSOE en la Diputación.

Los abogados del extodopoderoso cacique se emplearon por evitarle el trago del juicio e intentaron, recurso tras recurso, convertir las consecuencias penales del aluvión contratador en una mera irregularidad administrativa. Pero ni antes el juez instructor ni ahora los magistrados de la Audiencia les han dado la razón. Baltar será juzgado por lo penal por una supuesta prevaricación continuada: el enchufismo. La Audiencia también avala el auto del juez instructor denegando la petición del PSOE de sumarle a ese supuesto delito los de malversación de caudales y falsedad en documento público con lo que en el caso de sentencia condenatoria el cacique no irá a la cárcel, sino que quedará inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. Y, como él mismo anunció cuando comenzaba la instrucción de la causa, ya se había adelantado jubilándose, y causando baja en el PP, con la misión cumplida del traspaso completo de poderes a su hijo. "A mí no me echan, me voy yo", sentenció entonces.

Baltar se enfrenta ahora al escarnio público tras décadas de apología de su sistema contratador que inmortalizó, a ritmo de trombón, con el epítome de "cacique bueno" cuando acumulaba poderes en Ourense -asentados en la fidelidad de los favores realizados desde la institución pública por los que ahora será juzgado- que hacían temblar las mayorías parlamentarias del PP gallego.

En el auto en el que rechazan los recursos y avalan la instrucción de la causa los magistrados de la Audiencia replican a la defensa de Baltar que "el hecho objeto del procedimiento reviste inicialmente características de delito" y precisan que "el principio de igualdad se ve severamente quebrantado si se carece de idónea información pública de la contratación de personal".