El Consell tampoco recurrirá las sentencias que anulan el plan Rabassa

El plan Rabassa, el macroproyecto urbanístico que planeaba el promotor Enrique Ortiz y en el que estaba previsto albergar un área comercial para Ikea, ha quedado tocado y casi hundido en los tribunales. Las cuatro sentencias consecutivas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anulan la aprobación y tramitación del plan dejan poco margen de maniobra.

La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha anunciado este miércoles que el Gobierno valenciano no recurrirá la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del Plan Rabasa de la ciudad de Alicante, porque tampoco lo ha hecho el propio ayuntamiento alicantino. La alcaldesa, Sonia Castedo, ya dijo que instaba a la Generalitat a seguir peleando en los tribunales, ya que fue la consejería en última instancia la que avaló el proyecto.

El único recurso posible que se podría plantear es por parte del propio promotor, Enrique Ortiz, que todavía no se ha pronunciado, y está analizando las diversas posibilidades para intentar desbloquear el tema y garantizar que Ikea abra en esa zona.

Bonig con motivo de una pregunta formulada por la diputada de Compromís Mireia Mollà durante la sesión de control en las Cortes Valencianas ha reconocido que no recurrirán. Mollà, que se ha alegrado del anuncio considera que la Consejería deberá explicar "qué harán con el PGOU de Alicante", pendiente de aprobación y que está íntimamente ligado al Plan Rabassa.

Mollà ha pedido "responsabilidades políticas" sobre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, porque "dieron el visto bueno a una de las mayores "barbaridades urbanísticas de la Comunidad", en referencia a este proyecto urbanístico anulado por los tribunales debido, entre otras muchas cuestiones, a la falta de informes medioambientales y de recursos hídricos.

"Desconocimiento manifiesto"

En su respuesta, la consejera de Territorio ha acusado a la diputada de Compromís de "desconocimiento manifiesto" de la legislación urbanística y de la gestión política de una diputada que "cobra mucho" y ha recurrido a los votos particulares emitidos por algunos magistrados en estas sentencias que "avalarían la legalidad del acuerdo del Ayuntamiento y de la Consejería".

Este comentario ha provocado que la diputada de Compromís pidiera amparo a la Presidencia de las Cortes, que la ejercía en ese momento el vicepresidente, Alejandro Font de Mora, que ha apuntado que no existe el "trámite de amparo" en el Reglamento

Por otro lado, Bonig se ha referido al PGOU de Alicante y ha explicado que están recabando informes y "no estamos a punto de decidir" sobre este asunto. Además, ha apuntado que en enero de 2011 la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió un "informe favorable", por lo que "si se cumplen todos los requisitos legales y los informes, se aprobará". No obstante, el Ayuntamiento "podrá retirarlo en cualquier momento", ha apostillado.