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“Si pago el alquiler, mis hijos no comen”

300 personas ocupan ocupan las viviendas vacías de una urbanización de Bollullos Par del Condado

Virginia García, con una de sus hijas, en la vivienda que han ocupado. Ampliar foto
Virginia García, con una de sus hijas, en la vivienda que han ocupado.

Virginia García, natural de Sevilla, tiene 30 años. Su marido, Rogelio, tiene 29 y es de Bollullos Par del Condado (Huelva). Tienen cuatro hijos. Ella ha podido con dificultad esta temporada enlazar dos meses en la recolección de la fresa. Él, obrero de la construcción, lleva cuatro años en paro. La pobreza se les ha instalado en la familia. Una visita incómoda para una pareja joven a la que nunca le ha faltado el trabajo.

Ella fue empleada de hogar antes de conocer a su marido y trasladarse a vivir al municipio onubense. La penuria económica ha puesto al matrimonio contra las cuerdas. Han tomado una decisión arriesgada: hace algo más de una semana ella y su marido decidieron ocupar una de las 74 viviendas del Residencial 3 de Abril, una urbanización ubicada a cinco minutos del centro del municipio, que una constructora edificó y abandonó al quebrar hace dos años.

“Si pagaba el alquiler mis hijos se quedaban sin comer”, relata Virginia García. “Pasa un mes y otro y sabes que no puedes pagar. Sientes que la angustia te devora la garganta”, añade.

Embrollada propiedad

L. V.

Del promotor de las viviendas poco se sabe. Todo son rumores y misterio. En el pueblo se comenta que huyó a Brasil cuando la empresa entró en concurso de acreedores. Las viviendas están construidas con materiales de primera calidad y estaban destinadas, en principio, a familias con renta media alta. Una hipoteca, de haberse consolidado la venta de la promoción, podía costar entre 800 y 900 euros mensuales. Las hay con dos, tres y hasta cuatro dormitorios. El principal banco que financió las viviendas fue La Caixa, que ahora está en litigio con la constructora para clarificar la propiedad de las casas. Hacía dos años que las viviendas estaban abandonadas y en los últimos días habían sido objeto de robos y actos de pillaje. Se han llevado azulejos y hasta inodoros. El Ayuntamiento de Bollullos no quiere hablar. Fuentes del Consistorio argumentan que se está en negociaciones con la entidad bancaria para analizar la situación de esta urbanización, que está en un limbo legal.

Este matrimonio fue el primero en dar el paso, pero no estaba solo. Le acompañaban en la aventura cinco familias más. “Nos vimos en la calle con los niños y nos dijimos: nos liamos la manta a la cabeza y entramos en una de esas casas. Nos encontramos las puertas prácticamente abiertas”, indica Virginia García. En menos de 24 horas, la urbanización se llenó de nuevos inquilinos. Unas 70 familias siguieron los pasos de Virginia y Rogelio. Ahora hay unas 300 personas que, empujadas por la misma situación de precariedad económica, han optado por ocupar uno de los adosados de la urbanización. También han entrado en las viviendas situadas en una zona paralela a la calle Huelva.

Toñi tiene 34 años y su marido 46. A su cargo, dos hijos de seis y tres años. Ninguno trabaja. “Cuando sientes que te quema la impotencia de no poder dar a tus hijos ni lo más básico, se te despierta el instinto rápidamente”, comenta. “No tienes más remedio que dar el paso”. Estas familias reclaman ahora un alquiler social. “El Ayuntamiento dice que está negociando esa posibilidad. No queremos nada regalado, pero sí una cuantía acorde a lo que podamos dar y que nos permita vivir dignamente”, subraya esta mujer.

El día a día en la urbanización es un “sin vivir”. Cada familia carga con su propio drama, pero las historias se parecen mucho unas a otras. La única diferencia estriba, tal vez, en los matices. “Mi marido está enfermo. Lleva años así. Tenemos dos hijos, uno en paro de 37 y una hija de 17. Los únicos ingresos que entran son 400 euros de ayuda familiar. Insuficiente para todos”, afirma Juana Alonso. Ella ha tenido que dejar la vivienda en la que residían ante la imposibilidad de pagarla. Junto a un grupo de vecinos charla de su situación. Ahí está José Antonio Navarro, de 33 años. Lleva cuatro en el paro. Tiene dos hijos. “Debo el alquiler, la comunidad y mi suegra ya no puede ayudarnos más. Esto es desesperante, de verdad”.

Las viviendas carecen de luz y agua. El Ayuntamiento de Bollullos, que gobiernan independientes, les ha permitido acceder a un punto de luz y de agua. El sábado trabajaban los técnicos de Aqualia para acondicionar ese punto de agua en la entrada de la urbanización.

Mientras llega o no el alquiler social, estas personas viven con la incertidumbre de no saber si tendrán que salir de las viviendas en las que acaban de entrar como ocupas. Dentro viven con lo mínimo: unos colchones en el suelo y una cajas como mobiliario, en las que colocan lo poco que poseen. Lo único que les queda es la solidaridad: “Aquí estamos todos en lo mismo. Un día una hace una olla de lentejas, otro cocinamos pasta. Si tengo leche la pongo y si mi vecina tiene pan, igual”, comenta Toñi. “No nos queda otra que unirnos”, remacha.

El viento agita las pancartas que han colocado en una de las paredes. En ellas resumen sus necesidades: “Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna” o “necesitamos luz y agua”.