Puertas blindadas ‘antiokupas’

Entrar al piso de Sergio Montero y Marta Gómez en Carabanchel es como entrar a una cámara acorazada. Una enorme puerta blindada, infranqueable a menos que te inviten, sorprende a quienes suben hasta el tercero sin ascensor por el que la pareja, desahuciada, sin trabajo y con dos hijos, pagará 95 euros mensuales. El respiro en medio de tanto dramatismo se engloba dentro del programa de la Comunidad de Madrid que destina mil de las 23.000 viviendas del Instituto de la Vivienda (IVIMA) a alquiler social para ciudadanos especialmente golpeados por la crisis en la región.

Las llaves que el martes les entregó el presidente autonómico, Ignacio González, no pertenecían a una puerta cualquiera. No era de madera, con algún que otro refuerzo metálico, como las del resto de residencias del edificio. La Comunidad cuenta con 209 puertas de este tipo, bunkerizadas. Recurrir a ellas no es baladí. Los mastodontes de acero se instalan en casas ubicadas en barrios donde, según las estadísticas, se han producido más asaltos a viviendas públicas.

Actualmente los pisos con inquilinos ilegales son 823 de 25.000

“La finalidad de estas puertas es, además de proteger el patrimonio inmobiliario público, garantizar que las familias que se encuentran en situación de especial necesidad puedan acceder lo antes posible a una vivienda digna. Cada vivienda pública que es ocupada ilegalmente, implica que haya una familia en situación de exclusión social que deba seguir esperando de manera injusta”, justifica el Gobierno regional su empleo. El IVIMA tiene que iniciar un proceso judicial de desalojo, que puede durar un año —no es raro que se dilate más en el tiempo—, cuando se detecta una ocupación fuera de la ley. La recuperación del inmueble depende siempre de que la resolución judicial finalmente lo autorice.

El Ejecutivo madrileño cuenta con un parque de 25.000 viviendas para alquiler, entre las que gestiona el IVIMA y las que compra en el mercado libre el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS). Cuando una queda libre —por motivos que varían, desde el fallecimiento del titular, su renuncia o el desalojo de un ocupante ilegal—, la Comunidad debe realizar las obras de reparación y acondicionamiento necesarias para entregar en condiciones la vivienda a una de las 3.000 familias inscritas en la lista de espera.

Su precio es de unos mil euros, y se rotan durante las obras en las casas

Para evitar que nadie se cuele en su interior, la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda opta por instalar puertas de seguridad antiokupas. El coste es de unos mil euros por unidad. Una vez realizada la obra, la puerta rota a otra vivienda. Esto es, otro destino en el que sea necesaria. Algunas puertas son propiedad del Gobierno regional y otras se alquilan por semanas cuando es necesario proteger más pisos y no hay disponibles.

La primera de estas puertas fortaleza se instaló el 26 de marzo de 2011 en un barrio de Getafe. El IVIMA ha sufrido un incremento de las ocupaciones ilegales durante la crisis, pasando de 185 pisos okupados en 2011 a 766 en 2012. Actualmente los pisos con inquilinos ilegales son 823, el equivalente al 3% de las 25.000 viviendas de la red pública.

El IVIMA ha detectado que las ocupaciones se producen en el momento en el que se finalizan las obras de reparación, que tienen un coste medio de 11.000 euros, aunque en el caso de los pisos okupados se puede disparar hasta los 50.000 euros en los casos más exagerados. “Por eso las puertas blindadas no se quitan hasta que el nuevo inquilino ha entrado a vivir”, explican desde la Comunidad. Las puertas se sustituyen por otras blindadas una vez que se adjudica la vivienda a una familia. Una familia como la de Sergio y Marta.