El PP mantiene en las Cortes a Blasco mientras la Generalitat pide cárcel

La Abogacía de la Generalitat, que depende funcionalmente del vicepresidente del Consell, José Ciscar, pide 11 años de cárcel y 31 de inhabilitación para el exconsejero Rafael Blasco en el fraude de las ayudas de cooperación. El grupo parlamentario que sustenta al Gobierno de Alberto Fabra, el del PP, formación que el propio Fabra preside en la Comunidad Valenciana, sin embargo, mantendrá al que fuera también su portavoz dentro de sus disciplina mientras él no decida marcharse o la juez del Tribunal Superior de Justicia decida llevarlo a juicio.

¿Cómo se puede pedir cárcel por graves delitos de corrupción y no expulsar inmediatamente al diputado? Para evitar responder a esa pregunta, el portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver se remitió este martes reiteradamente al anuncio que hizo Fabra en las Cortes Valencianas el pasado día 23, cuando aseguró que no le iba a temblar el pulso para actuar con “la máxima contundencia”, una vez hubiera comprobado “lo que dice la Abogacía de la Generalitat en su informe de conclusiones y lo que dice también la juez en sus conclusiones y el señalamiento de juicio oral, si lo hubiera”. Bellver se acogió a la última parte de la solemne declaración para justificar que Blasco no abandonara este martes mismo los escaños del PP.

"Quien marca el tiempo es el PP, es el presidente Fabra", alegó Bellver tras la Junta de Portavoces en las Cortes Valencianas. Y añadió que se trata de una decisión “que se va a producir en un plazo de tiempo muy corto”. Preguntado sobre cuál será el procedimiento de expulsión, y si en el mismo tendrán que votar todos los diputados del PP, Bellver respondió: “No voy a entrar en hipótesis que hoy no se dan”.

Los grupos de la oposición arremetieron contra la posibilidad de que este miércoles Blasco pueda seguir ocupando todavía un escaño en las bancadas del Grupo Popular y extendieron la exigencia de expulsión a otros diputados en situación similar, como Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo y expresidenta de la Cámara, o Angélica Such, también exconsejera, para quienes la fiscalía pide 11 años de cárcel y 10 de inhabilitación, respectivamente, en la parte del caso Gürtel que se refiere a la contratación de los pabellones valencianos en la feria Fitur.

“Hoy no puede ponerse el sol sin que el señor Blasco sea expulsado del Grupo Popular”, clamó Marga Sanz, portavoz de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), quien denunció que el PP vetó la inclusión en el pleno de la semana que viene de una iniciativa de su grupo que pretende precisamente reprobar a Blasco. El diputado de EUPV Ignacio Blanco, que compareció con Sanz, anunció que su coalición recurrirá ese veto al Tribunal Constitucional.

Mònica Oltra, de Compromís, calificó al PP de “partido podrido” porque, en lugar de luchar contra la corrupción, “ampara a los corruptos”, Oltra pidió que “Blasco pase a mejor vida en el grupo de no adscritos”. Según Oltra, el presidente Fabra es “el máximo responsable del partido que está podrido”. La diputada de Compromís advirtió de la posibilidad de que el PP y Blasco estén “pasteleando” alguna salida porque el exconsejero tiene a Fabra y al PP "cogidos por los autos judiciales o por las actas notariales".

La oposición exige que el Grupo Popular aparte de inmediato a Blasco

La diputada Ana Barceló, del PSPV-PSOE, por otra parte, señaló que Blasco es "un árbol en el bosque de la corrupción del PP” y emplazó a evitar que “el árbol de Blasco no deje ver el bosque del resto de casos”. Barceló exigió a Fabra que invite al exconsejero a irse o lo expulse. Más allá de las imputaciones judiciales, Barceló apeló a la exigencia de responsabilidades políticas.

Bellver replicó a la oposición con la acusación de que sus representantes hacen de “diputados togados” y pretenden “dictar sentencia” antes de que el proceso concluya.