El Consell veta la ley socialista contra los desahucios

La proposición de ley de los socialistas valencianos que planteaba alquilar tres años con opción de compra los pisos a los ciudadanos o familias en trámite de desahucio, forzando a los bancos si resultase necesario a un acuerdo mediante la expropiación temporal del usufructo de la vivienda, no podrá debatirse en las Cortes Valencianas.

El Consell que preside Alberto Fabra ha vetado su tramitación en la Cámara. Una medida poco habitual, dado que el informe negativo del Ejecutivo autonómico no suele impedir que las proposiciones de la oposición se debatan, aunque el PP, desde su mayoría absoluta, acabe rechazándolas. El portavoz socialista, Antonio Torres, se quejó este martes tras la Junta de Síndics: “Ha vuelto a funcionar el rodillo popular”.

El acuerdo del Consell, en efecto, no solo manifiesta su “criterio desfavorable” a la toma en consideración de la iniciativa sino que añade su “disconformidad a la tramitación”. Torres anunció que su grupo recurrirá la decisión y, en última instancia, transformará el contenido de la proposición de ley en una proposición no de ley sobre la función social de la vivienda “para que se pueda abordar el tema”.

“Tiene grandes similitudes con el decreto ley de 9 de abril del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía”, señala el dictamen del Consell, que apunta la reproducción literal de varios párrafos en la exposición de motivos y un error en una referencia surgido de la inspiración en la norma andaluza. Pero el argumento central para vetarla son las dudas de constitucionalidad sobre la expropiación forzosa. “Hay que tener en cuenta que la competencia exclusiva que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana reconoce a la Generalitat en materia de vivienda no es un compartimento estanco que permita cualquier regulación, sino que ha de tener en cuenta los diferentes títulos competenciales derivados del bloque de constitucionalidad, que pueden ser afectados por esta”, señala el Consell.

La diputada socialista María José Salvador, que presentó la proposición valenciana, recordó que ni el PP andaluz ni el propio Rajoy han impugnado la constitucionalidad de la norma andaluza sobre la vivienda.

También argumenta el Gobierno de Fabra que las medidas que incluye la proposición, como el hecho de que la Generalitat se haga cargo parcial o totalmente del alquiler o del pago del justiprecio por la expropiación forzosa del usufructo, “implican un coste económico para la Generalitat”.

El Gobierno de Fabra, en definitiva, dice que el proyecto socialista obedece a “un claro modelo intervencionista” y que pretende potenciar el acceso a la vivienda desde el alquiler mediante “medidas coercitivas y sancionadoras”, frente al modelo de acceso a una vivienda digna que dice sostener el Consell, basado en la acción directa de la Administración con su patrimonio de viviendas, el respeto a la legalidad vigente, y el recurso a “fórmulas convencionales, tanto con otras administraciones como con las entidades financieras y con particulares”. Una política, concluye, “que respeta la libertad de los diferentes agentes”.