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Proceso (de paz) ‘abertzale’

La inflexibilidad de presos y Gobierno central preocupan en el entorno soberanista El plan Aiete pierde eco pese al Foro Social

El experto en conflictos Andy Carl (centro) junto a representantes de Lokarri y Bake Bidean el pasado lunes en San Sebastián, cuando presentaron las recomendaciones del Foro Social.
El experto en conflictos Andy Carl (centro) junto a representantes de Lokarri y Bake Bidean el pasado lunes en San Sebastián, cuando presentaron las recomendaciones del Foro Social.JAVIER ETXEZARRETA (EFE)

El proceso de paz se ha instalado en un enrevesado laberinto. La parquedad de gestos del Gobierno central, la búsqueda intencionada del lehendakari Urkullu de habilitarse una vía propia y un creciente desinterés social tras el final de la violencia bloquean la salida y, sobre todo, comprometen al máximo la suerte política de la izquierda abertzale. Es, precisamente, en el entorno soberanista donde está empezando a tomar cuerpo una abierta preocupación interna, y sobre todo localizada entre quienes más empeño pusieron en el tránsito a las vías democráticas, porque empiezan a asumir como “infranqueable” el muro del PP. “Están viendo que el Gobierno central solo espera a que ETA se consuma, incluso que la gente en la calle pase del tema y, mientras, se siguen practicando detenciones”, admite un abogado nacionalista.

“Tanto como descarrilar, no, pero hay nervios y la prueba está en que tienen que recuperar tics del pasado como gesto de su compromiso con el entorno de ETA", destaca un participante directo en las sesiones del Foro Social, un órgano desde donde han surgido esta semana doce recomendaciones para dinamizar el proceso pero que ni siquiera han provocado debate. “La teatralización se acabó”, dice una fuente socialista. “Aiete fue en 2011 una concesión a ETA para que escenificara el final de la violencia cuando todos sabíamos que era una derrota porque no tenían otra salida, pero de ahí a poner condiciones ahora es engañarse, es su problema porque el proceso no existe”, añade el mismo interlocutor.

“A los presos no se les plantea la salida individual porque se teme su rechazo”

Precisamente la función del Foro Social también abre divergencias. Alentado desde Lokarri y con la proyección internacional que aporta la presencia de los relatores y el aura de Brian Currin, satisface especialmente a Sortu y tiene, además, el respaldo del colectivo de presos de ETA que, de hecho, procuró asistir a sus primeras jornadas de Pamplona y Bilbao. “Es el campo de pruebas que tiene la izquierda abertzale para decir a ETA lo que no se atreve a pedirle directamente”, admite un cargo del Gobierno vasco.

Para los socialistas, todo se reduce a que “quiere hacerlo por medio de una fuerza ajena como en este caso es el Foro Social porque no tiene valentía y quieren blanquear su pasado porque son los que dieron su apoyo a las acciones de ETA, al grito de ‘Aldaya paga y calla’ o a los ataques al lazo azul”. Las descalificaciones más fuertes hacia el Foro Social quedan para PP, UPyD y el colectivo de víctimas de la banda terrorista.

Pero, ¿qué le debería pedir la izquierda abertzale a ETA? Las distintas sensibilidades consultadas por este diario coinciden e, incluso, lo fijan con precisión: “la clave está en que los presos acepten salidas individualizadas porque se ha llegado ya al convencimiento de que el Gobierno central no está dispuesto a flexibilizar lo más mínimo su política penitenciaria”. Como advierte un abogado abertzale: “nunca como ahora ha habido más firmeza desde Madrid”.

Estacionados en ‘la meseta’

Según la jerga técnica que maneja el grupo de relatores internacionales que mantienen viva dentro del Foro Social la llama de los acuerdos derivados de la Conferencia de Paz de Aiete, anterior a la renuncia de ETA en octubre de 2011, el actual proceso se encuentra en la denominada fase de “la meseta”. Tan plana ubicación no es, sin duda, un buen síntoma hasta el punto de que si continuara así “podría hacerse insostenible”.

¿Plazos? Ni siquiera entre los sectores directamente más implicados en la dinamización de este proceso de paz se habla de fechas, pero hay quien admite que “si en septiembre no empiezan a verse signos en materia de presos, aunque sea en pequeñas dosis, la preocupación sería entonces para pensárselo”.

¿Y el Gobierno vasco? En el seno del Foro Social existe la convicción de que Iñigo Urkullu también está “necesitado” de que el actual proceso de paz “salga de su estancamiento”. Es ahí cuando se recuerda que el ‘lehendakari’ “está comprometido” a que se produzcan avances a lo largo de esta legislatura porque así lo dijo en el arranque de su mandato.

A partir de ese punto de partida tiene que afrontarse la zona de riesgo: cómo plantearlo. “La izquierda abertzale se teme un rechazo a la propuesta”, asegura un político nacionalista. “Ahora mismo la dificultad está en la inflexibilidad del propio colectivo de presos, que no están dispuestos a las vías individuales”, subrayan en este caso fuentes relacionadas con la política antiterrorista. En esa línea se concluye que “lo más complicado es que no se sabe garantizar este proceso porque no hay seguridad de que el colectivo de presos asuma lo que se les está proponiendo” mientras se asiste a un debate interno en las cárceles.

Precisamente a esta toma de temperatura de estas reflexiones puede atribuirse la significativa reunión de los relatores internacionales con el grupo de abogados más próximos a la dirección de presos etarras, encabezados por Arantza Zulueta.

Bajo esta coyuntura adversa, el entorno soberanista tendría que trazar su propia hoja de ruta y por eso resulta fácilmente comprensible el grado de preocupación entre quienes tanto empeño depositaron en convencer a ETA de la necesaria renuncia al terror. “Si alguien tiene algo que perder en todo esto es la izquierda abertzale porque es la depositaria del trasvase de activos de ETA y tiene que prestar atención a su soporte histórico”, recuerda un abogado nacionalista. Desde el Gobierno vasco se añade que “la izquierda abertzale sí tiene interiorizada esta voluntad, pero no está dispuesta a sufrir un coste político”. En una línea similar, desde la óptica socialista, se eleva la responsabilidad para Sortu: “fue una cuestión unilateral fruto de una negociación entre ellos y ETA y ahora deben responder a esa responsabilidad”.

En EH Bildu, todo resulta más sencillo de explicar, eso sí de puertas afuera. “Va quedando claro quiénes están buscando soluciones y ofreciendo alternativas y recomendaciones, mientras otros siguen hablando de la excepcionalidad, de que es imposible hablar como si no quisieran enterarse de que aquí ya nada es igual”, dicen en sus reflexiones a modo de una clara referencia al escaso eco que vienen consiguiendo las sucesivas apelaciones de ETA y de la izquierda abertzale a los gobiernos español y francés.

En Ajuria Enea, por su parte, no se sienten concernidos directamente por estas imputaciones, pero el Gobierno vasco y el partido que lo sustenta, el PNV, se saben objeto permanente de las críticas independendistas, ETA incluída porque les consideran poco afectos. Como cortafuego ante las acusaciones, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha emprendido su propia senda mientras, en paralelo, respeta la dinámica del Foro Social fundamentalmente desde su compromiso de aunar voluntades y, posiblemente, de no abrir ninguna brecha más con la izquierda abertzale sobre todo en una cuestión tan nuclear.

El doble riesgo de la ‘doctrina Parot’

En la búsqueda apremiante de una luz al final del túnel, quienes alientan el proceso de paz cuentan los días para conocer el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la denominada doctrina Parot, aunque no se espera el veredicto en principio hasta después del verano. "Va a ser una oportunidad", admiten desde el Foro Social, convencidos de que el fallo "desmontará" las tesis del Gobierno y "abrirá la puerta" a una excarcelación de 30 presos que también han presentado una demanda contra España ante la Corte Europea una vez que se dio curso a la reclamación presentada por la miembro de ETA Inés del Río.

Bajo este supuesto, en el entorno de la Audiencia Nacional se trabaja ya con "la firme decisión" de "no dilatar en absoluto" la concesión de libertad a cuantos presos se vieran beneficiados, superando así la maniobra que pudiera realizar el Gobierno si recurriera de manera individual ante la solicitud de cada preso afectado. A su vez es previsible que en un plazo de "dos a tres meses" se podrían resolver "todos" los trámites derivados de una sentencia contraria a la doctrina Parot.

Pero frente a este clima propicio para la progresiva excarcelación se asienta un temor declarado entre quienes han participado en trabajos de acercamiento entre víctimas. “La llave que puede suponer la doctrina Parot para abrir una puerta también puede ser para cerrar candados”, y lo explica: “la sociedad española no va permitir las escenas de que parezca un triunfo de ETA cada vez que un preso es excarcelado. Si es una salida moderada, si se contienen, por ahí puede darse una vía, pero el Gobierno va a estar muy condicionado por el estado de opinión que se cree”, subraya.

Pero el lehendakari centra el tiro en apuntalar un escenario de diálogo directo, ya abierto, con Mariano Rajoy, aunque, de momento, dista mucho de la química alcanzada durante la recta final del mandato de Rodríguez Zapatero. “Rajoy no está ahora para dar ningún paso adelante y eso ya se lo ha explicado a Urkullu”, recuerda un portavoz cualificado del PP.

Los populares no se sienten atraídos por el debate sobre el proceso de paz y lo zanjan con contundencia: “no es una cuestión que está en la calle y el Gobierno está con lo que preocupa a la sociedad que es la economía y dar soluciones al paro”, añade la misma fuente.

Así las cosas, el panorama se tiñe demasiado sombrío para las posibilidades reales de una solución siquiera encarrilada para el proceso de paz. ¿Se han creado falsas expectativas? A modo de reflexión, un abogado nacionalista recuerda cómo perdió una cena porque “no me imaginaba” la precipitación con la que llegaría la renuncia de ETA cuando un amigo “bien informado” se lo advirtió un día paseando por Hendaya. Y argumenta así el motivo racional con el que entonces encaró la apuesta: “nadie fía su suerte a un Gobierno que se sabe que va a despedirse sin saber lo que piensa el que viene”. Bien es verdad que pagó el envite, pero su hipótesis se antojaba, sin duda, profética y de largo recorrido.

Bajo la óptica socialista, “es imposible saber hasta dónde pisó el acelerador la izquierda abertzale, qué vendió en su momento durante sus asambleas para que se asumiera que la violencia se había acabado y que era el momento de hacer el viraje”. Sobre esa unilateralidad, este mismo portavoz, que siguió muy de cerca el proceso previo a la Conferencia de Aiete, construye el análisis crítico de que “no les queda [izquierda abertzale] otro camino que mantener esa unilateralidad en la toma de decisión final que es la disolución de ETA y a partir encarar qué se puede hacer pero no desde la obligación de proceso alguno”.

Y, al fondo, espera la calle, pero en su inmesa mayoría menos tensionada ya sin la angustia de la violencia. “No hay un desafecto hacia el proceso. Ocurre que el interés ya no es vital para la sociedad”, dice el mismo abogado que acertó al perder la cena.

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