José Luis mató a Felisindo con el vino envenenado

Maquinó un perverso plan para matar a su vecino y exsocio envenenándolo con un potente veneno prohibido en la Unión Europea que lo mató en una hora tras paralizar sus piernas y pulmones. José Luis Lamelas ha sido declarado culpable de un delito de asesinato tras ser juzgado por segunda vez en la Audiencia de Ourense. Los nueve miembros del jurado popular consideran probado que "sentía un profundo resentimiento" hacia su víctima y exsocio, Felisindo González, a causa de disputas surgidas entre ellos en la gestión de una explotación ganadera. El jurado ha considerado que la estrategia articulada por el hombre "fue realizada con el ánimo de provocar la muerte por envenenamiento de Felisindo", ya que sabía que era una “persona confiada e iba a ingerir el contenido de la botella”. Las familias de ambos compartieron casa durante la relación laboral en los años noventa.

Ocho de los nueve miembros del jurado consideran demostrado que el condenado "depositó en la entrada de la finca [del fallecido] una bolsa de plástico que contenía latas de calamares y atún, cerveza, dos mandarinas y una botella de vino perfectamente encorchada en la que había introducido una importante cantidad de estricnina". El veredicto descarta la condena por homicidio imprudente solicitada por la defensa ya que “no considera probado” que la muerte fuese accidental tras un descuido del condenado, que alegó haber olvidado la bolsa con el vino tóxico en el sendero al pararse a recoger setas cuando iba a matar jabalís.

El hombre deberá cumplir una pena de entre 15 y 17 años de prisión. La fiscalía y la acusación solicitan 17 años, indemnizaciones para la familia y una orden de alejamiento. La defensa del acusado reclamó a la presidenta de la sala que se le imponga una pena mínima por la edad y estado de salud del hombre. Es la segunda vez que un tribunal juzga a José Luis Lamelas por este mismo caso. Y también es la segunda vez que la Justicia lo declara culpable. El Tribunal Supremo anuló la condena impuesta anteriormente tras invalidar la supuesta confesión del crimen realizada por acusado a un guardia civil en un furgón policial. Ahora deberá volver a prisión, de dónde salió hace cinco meses.