750 megavatios de potencia hasta 2020

En pleno auge de las renovables, el Gobierno de Zapatero llegó a prever la instalación de hasta 20.000 megavatios (MW) de potencia en parques eólicos marinos. Esas pretensiones están muy lejos de la cuota prevista que concede el Plan de Energías Renovables 2011-2020, presentado en 2010. Ahí se incluyen 750 MW. Muy lejos de los que se previó en un inicio. Ahora, en plena moratoria de primas a las renovables acordada por Rajoy, incluso esa previsión se ve como un reto casi imposible. Ese plan proponía un despliegue ordenado de esta energía con una planificación de la electricidad y el gas, la supresión de barreras administrativas con una ventanilla única, líneas de ayuda y campañas de información. “Así se aspiraba a 750 MW. Sin nada de eso, es difícil pensar que antes de 2020 haya un solo molino en el mar”, opina José Luis García, de Greenpeace.

En 2010 existían proyectos de instalación eólica experimental en la costa de Cataluña, Asturias y País Vasco, fundamentalmente. Debían entrar en servicio este mismo año, según el plan del Gobierno, y se estimaba que en 2017 podrían comenzar a funcionar las primeras fases de parques de mayor potencia para generar en 2020 esos 750 MW. El plan admitía entonces que para alcanzar este objetivo era necesario apoyar estos proyectos experimentales.

El mundo de la energía eólica marina ya genera 5.400 MW, el 90% de ellos en Europa, sobre todo, en Dinamarca, Reino Unido, Noruega y Alemania. Y hay empresas españolas trabajando en proyectos de otros países. El Consejo Mundial de la Energía Eólica cree que el desarrollo internacional de los aerogeneradores en el mar podrá alcanzar los 80 gigavatios en todo el mundo. La consultora Deloitte resolvió que el proyecto de Magtel para Chipiona y Rota, con 400 MW y un coste de 1.400 millones de euros, podría generar energía para 150.000 familias. Su fase de construcción, de dos años, requería de 1.400 trabajadores, a lo que se sumarían 350 para labores de operación y mantenimiento en sus 20 años de explotación. El cálculo era que su repercusión en el producto interior bruto (PIB) andaluz rozaría los 553 millones de euros durante la construcción, y los 4.250, durante su funcionamiento. Estudios de la Universidad de Cádiz y de la fundación Oceana revelaron que este parque también podría fomentar la actividad pesquera mediante arrecifes artificiales. De momento, sigue en un cajón.