El veneno prohibido que mató al pastor

Es un polvo amargo, barato y prohibido en toda la Unión Europea desde septiembre de 2006. La estricnina, conocida desde hace un siglo en las aldeas gallegas como esternina, ha servido para envenenar zorros o perros, en incontables ocasiones como venganza por viejas rencillas. Agatha Christie lo utilizó para matar a la primera víctima de sus novelas. Una de las dos teorías que rodean la muerte de Alejandro Magno apuntan a este veneno. Y el 24 de noviembre de 2009 también mató a Felisindo González, un vecino de Castro de Escuadro, un pueblo de unos veinte vecinos enclavado en las montañas de Maceda (Ourense). Aquel gélido día de otoño encontró junto a la puerta de una finca de su propiedad una bolsa con una botella de vino tinto, una cerveza, dos latas de atún y calamares en conserva, y unas mandarinas. Tras dejar a las vacas pastando se lo llevó todo y corroído por la curiosidad del misterioso vino, decidió servirse un vaso en el almuerzo. El albuminoso tono del líquido hizo sospechar a su esposa. “Parece agua de castañas” dijo extrañada. Pero el hombre omitió la advertencia que pudo haberle salvado la vida.

Con el amargo sabor del primer y único trago que recorrió la boca de Felisindo, se prendió la mecha de una dolorosa muerte que galopó hasta sus pulmones desde las piernas. Los quince minutos que empleó a terminar de comer sirvieron para que el veneno debilitase fugazmente su sistema nervioso, paralizándolo hasta la extenuación en pleno pasillo, donde cayó rendido al cabo de una hora. Todavía consciente advirtió a su esposa: “saca el vino de la nevera que tiene veneno”. La autopsia reveló que el pequeño trago fue suficiente para infestar su sangre con una dosis que triplica la cantidad tóxica. Entonces comenzó una pormenorizada investigación de la Guardia Civil y expertos en toxicología que empleó medio millar de folios para apuntar a José Luis Lamelas, vecino y exsocio del fallecido, como único sospechoso. Los investigadores, la fiscalía y la acusación aseguran que maquinó un perverso plan para matar a Felisindo sin dejar rastro alguno.

El acusado explica insistentemente que su intención era matar al jabalí untando pan con el vino envenenado. De camino a una finca de su madre paró a recoger setas y el fatídico olvido de la bolsa acabó provocando la muerte de Felisindo dos días después, cuando encontró el vino, la cerveza, las conservas y las mandarinas junto a un muro de su campo. Los testigos que han participado en el juicio, buena parte de ellos familiares del fallecido, revelaron que existía una enemistad manifiesta entre ambos, originada cuando compartieron una explotación agrícola. Las familias incluso vivieron bajo el mismo techo durante nueve años hasta que la relación laboral terminó. Y precisamente ese enfrentamiento, ese odio mutuo reflejado en numerosas denuncias cruzadas, es la causa más solida que agita la acusación para inculpar al hombre. “Toda su actuación estuvo encaminada por y para acabar con su vida” relata el abogado de la familia. “No diseñé plan alguno para acabar con la vida de nadie”, declara el hombre. La viuda, los hijos y algunos vecinos desvelaron amenazas de muerte previas a los hechos juzgados.

José Luis se encontró con cuatro cazadores cuando se disponía, según su relato, a envenenar jabalís. Entre ellos, casualmente, estaba un pariente suyo y el hermano de la víctima, que días después guio a un guardia civil hasta la finca en la que no apreció nada extraño. La práctica totalidad de los testimonios han acorralado al acusado, sin embargo las pruebas son menos sólidas. El informe de trazabilidad realizado por los investigadores revela que la lata de cerveza encontrada en la bolsa fue vendida en el bar situado bajo el domicilio del acusado, pero las conservas y las mandarinas fueron distribuidas en numerosas localidades. Durante el registro de la vivienda del presunto asesino se encontraron dos botes rotulados con la palabra estricnina, pero el análisis del vino solo halló “coincidencias aromáticas” con una bodega portuguesa. Las supuestas setas que interrumpieron su camino “muy raramente aparecen en ese tipo de boque” según un biólogo. La señal emitida por su teléfono móvil sí lo sitúa en la zona de los hechos ese día. Pero él mismo reconoce que estaba allí, porque es su pueblo y quería matar jabalís.

El uso de este veneno de retorcido nombre, al que se accede en el mercado negro a través de mafias, ha extrañado incluso a los expertos. Los toxicólogos revelaron que era la primera vez que analizaban una muerte por estricnina en humanos: “el agrio sabor y su difícil disolución en cualquier líquido alertan de su presencia casi inmediatamente”. Fueron extremadamente contundentes al certificar que se encuentra entre los diez más potentes. Las pruebas periciales concluyeron con la declaración de un prestigioso psiquiatra que garantizó que el acusado sufre un “trastorno paranoide de la personalidad y charquitos de memoria, no lagunas" derivados de un tratamiento contra el cáncer. Con sus explicaciones intentó demostrar que “no tiene la capacidad de análisis y síntesis suficiente para elaborar un plan de asesinato como este”. Tras el juicio, la fiscalía insiste en que “asesinó de forma cruel y maquinó una estrategia para que no le pudiesen acusar”. La acusación incluso asegura que tras la muerte de Felisindo, los vecinos de esta aldea apostada entre abruptos bosques de la sierra de San Mamede, sentían un miedo tan intenso que dejaron de beber agua de la traída por si José Luis decidía envenenarla. Mientras, la defensa insiste en que no existe una sola prueba de cargo “lo suficientemente consistente para declararle culpable de asesinato”.

La muerte de Felisindo se ha convertido en un deja vu para las familias, que esta semana ha soportado detalles periciales escabrosos que buscan esclarecer si el encontronazo con el vino envenenado fue un plan asesino o un terrible descuido. En 2012, otro tribunal diferente acordó declarar a José Luis Lamelas autor del crimen mediante un veredicto que fue ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Lo condenaron a 17 años de prisión y le impusieron una orden de alejamiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló la condena tras invalidar la supuesta confesión realizada por acusado a un guardia civil y que fue utilizada como prueba sin las obligadas garantías procesales. El hombre lleva cinco meses fuera de la cárcel, en donde permanecía desde octubre de 2010. Saborear de nuevo la libertad depende ahora de los nueve miembros del jurado popular que dictaminará un segundo veredicto en las próximas horas.