“La prioridad es recuperar el dinero de los valencianos”

La remisión de la rama valenciana del caso Nóos al Tribunal Superior de Justicia valenciano va deprisa. El juez le pide con este nuevo trámite al tribunal que investigue al expresidente Francisco Camps y a la alcaldesa Rita Barberá en relación a su presunta participación en las negociaciones previas para la organización de los Valencia Summit por parte del Instituto que presidía el duque de Palma Iñaki Urdangarin.

Los grupos de la oposición manifestaron su "confianza plena" en la acción de la Justicia y aseguraron que estarán "muy atentos" a las responsabilidades políticas que se deriven de este procedimiento, dijo el portavoz socialista, Joan Calabuig.

Calabuig recuerda que el juez de Palma avaló la personación de su grupo como acusación particular colectiva en el marco de esta causa al desestimar los recursos de reforma interpuestos por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, de su mujer, Ana María Tejeiro, y del exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y ha remarcado que ahora la “prioridad” es que se “recuperen cuanto antes los recursos de los valencianos y las valencianas”.

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida (EU), Amadeu Sanchis,  ha afirmado que la posible imputación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el caso Nóos, "evidencia" el "saqueo" que para las arcas municipales "supusieron los grandes eventos".

El edil ha indicado que Barberá "se ha escudado siempre" en que la organización de las jornadas Valencia Summit se hicieron desde una fundación privada como Turismo Valencia Convention Bureau, "cuestión que siempre nos ha parecido absolutamente indefendible no sólo por el presupuesto de esta fundación, obviamente público, sino porque, además, es la causa por la que el juez Castro puede acabar imputándole".

Del Gobierno local, el concejal de Relaciones con los medios, Miquel Domínguez, ha respondido a las declaraciones realizadas por los portavoces de los grupos municipales de EU y PSPV sobre el caso Nóos señalando que "es lamentable que la ciudad de Valencia tenga una oposición tan escasa de ideas y sin ningún discurso político".

"Hay que decir que se esmeran muchísimo en intentar enredar y manipular a la opinión pública tratando de aprovecharse de casos que están judicializados y sobre los que deberían ser más rigurosos, porque en su afán por sacar algún rédito electoral, en muchas ocasiones actúan de manera totalitaria vulnerando los derechos democráticos de las personas", ha destacado Domínguez.

Según el concejal del gobierno municipal, "los socialistas y los comunistas están apañados si creen que van a reducir ni un ápice el compromiso de Barberá por ser alcaldesa de Valencia. Están muy equivocados si creen que con su invectivas van a cambiar la voluntad de Barberá, que está con más ganas que nunca por seguir trabajando por los valencianos. Está absolutamente tranquila porque siempre ha actuado con total honradez y anteponiendo por encima de todo el interés de Valencia". 

Domínguez ha añadido que "siempre hay que respetar las actuaciones de la justicia", pero ha explicado que "los convenios de los Valencia Summit fueron suscritos por una entidad privada como es Turismo Valencia, creada por los socialistas con esa naturaleza jurídica," y ha añadido que "las tres ediciones se celebraron con la participación de expertos mundiales en la repercusión que tienen en las ciudades la celebración de grandes acontecimientos deportivos, y en ese momento con un notable seguimiento de los medios de comunicación."

"Por tanto", ha finalizado Domínguez, "hay que dejar a la justicia que haga su trabajo, y hay que pedir a los partidos de la oposición que dejen de manipular y tratar de actuar como aves de rapiña viendo que provecho electoral pueden sacar de todo esto".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado su confianza en la Justicia tras conocer la decisión del juez. "Tengo plena confianza siempre en la Administración de Justicia", ha dicho Ruiz-Gallardón a su entrada a un debate sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que participan el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

A partir de ahora, el Tribunal Superior de Justicia  designará a un magistrado ponente para estudiar la inhibición planteada por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, sobre el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en relación con las negociaciones previas del evento Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

Cuando el tribunal valenciano reciba la exposición motivada del juez, tendrá que designar a un magistrado ponente, que emitirá un informe sobre la competencia para investigar los hechos. Luego lo elevará a la Sala del tribunal valenciano.

Si en el informe se deja constancia de que no hay indicios de delito o de que no se ve competente para asumir la investigación, el tribunal valenciano devolverá la exposición al juez Castro. En caso contrario, si fuera competente, el paso siguiente sería designar un magistrado instructor para ocuparse de la causa. No existe ningún plazo fijado para todos estos trámites.

Si se deja constancia de que no hay indicios de delito o de que no se ve competente para asumir la investigación, el tribunal valenciano devolverá la exposición al juez Castro. En caso contrario, si fuera competente, el paso siguiente sería designar un magistrado instructor para ocuparse de la causa. Para todos estos trámites no existe ningún plazo fijado.

Los nombres de Camps y Barberá han aparecido en varias ocasiones a lo largo de la instrucción de la causa, más en concreto en relación con la tramitación del Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos de Urdangarin percibió unos tres millones de euros -1,044 millones por cada edición, pese a que el coste real de cada una de ellas oscilaría alrededor de los 300.000 euros, según los investigadores-.