A Guarda incumple una sentencia por contaminación acústica

Un juzgado de Tui ha admitido a trámite la denuncia interpuesta contra el alcalde de A Guarda, el socialista José Manuel Domínguez Freitas, por incumplir la sentencia firme dictada en 2011 que obligó al Ayuntamiento a rebajar la potencia acústica y limitar los horarios nocturnos de actuaciones musicales en la plaza de San Benito, donde se celebran todo tipo de festejos.Los mismos vecinos que habían denunciado al alcalde, propietarios del Hotel Convento de San Benito, situado en la plaza municipal, volvieron a recurrir a los tribunales tras la celebración de las pasadas fiestas patronales. Le hacen responsable, además, del infarto que sufrió la directora del establecimiento cuando trataba de calmar los ánimos de los huéspedes que protestaban por no haber sido advertidos previamente de la actuación musical al formalizar la reserva de las habitaciones.

 La actuación del grupo de baile Studio se prolongó hasta pasadas las 11 de la noche cuando en la nueva ordenanza se prohíben los actos musicales en horario nocturno en cumplimiento de la sentencia del Ttrubunal Superior de Galicia. Los organizadores habían advertido de que la actuación podría demorarse hasta las 10 y la dirección del hotel informó a los huéspedes para tranquilizarlos.Pero las quejas por la elevada presión acústica fueron en aumento por lo que el hotel llamó a la Policía Municipal. Allí respondió un contestador automático que pasaba el servicio de atención ciudadana a la Guardia Civil, donde un agente informó de que no eran competentes para intervenir, según la denuncia.

A la mañana siguiente, cuando la directora del hotel se encontraba detrás del mostrador atendiendo todavía las airadas protestas de la clientela, sintió un fuerte dolor en el pecho por lo que ingresó en urgencias, donde, tras una primera exploración, fue trasladada en ambulancia al Hospital Meixoeiro. En la unidad de cardiología le trataron de un infarto por lo que la paciente estuvo internada bajo estricta vigilancia médica cuyas secuelas persisten nueve meses después de los hechos. La denuncia está ahora pendiente del dictamen forense sobre el estado físico de Antonia Baz por resolución del juzgado. Con esa prueba los denunciantes tratan de imputar un delito al alcalde por dejación de sus funciones.